El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, afirmó que la destitución de una subdelegada de San Miguel de Palmas, Anallely Díaz en el municipio de Peñamiller se realizó conforme a derecho, al señalar que la medida fue validada por un juez de distrito y derivó de presuntos actos de corrupción relacionados con cobros indebidos a comerciantes de la comunidad.
Explicó que existe una denuncia presentada desde el año pasado por la alcaldesa, Ana Karen Jiménez ante la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos y sostuvo que el conflicto político surge de versiones que, dijo, buscan desinformar sobre el proceso legal seguido por el ayuntamiento.
“Ese procedimiento de destitución no lo calificó el municipio, lo calificó un juez de distrito que determinó que el cese fue legal. Además, la funcionaria fue separada por realizar cobros indebidos a comerciantes fuera del marco legal”, señaló.
Arango agregó que el PAN mantiene comunicación con la presidenta municipal y que ya se trabaja en la posible presentación de una denuncia por presunta violencia de género en su contra, luego de la difusión de videos el pasado fin de semana en una manifestación orquestada por Morena en su contra.
Respecto a las negociaciones con la exfuncionaria, indicó que estas se rompieron cuando se solicitó retirar procedimientos ante el órgano interno de control y la fiscalía, lo cual —subrayó— no podía ser objeto de negociación.
En otro tema, el dirigente panista se refirió a las observaciones hechas por legisladores de oposición a la propuesta de reforma judicial estatal, al sostener que cualquier planteamiento debe formalizarse dentro del Congreso para su análisis y eventual enriquecimiento.
“Aquí no se trata de no mover ni una coma. El Congreso está para debatir, proponer y construir una reforma judicial responsable que garantice justicia para la ciudadanía”, expresó.
Defendió además que quienes aspiren a cargos judiciales deben cumplir con criterios de idoneidad y consideró que prestaciones o haberes de retiro forman parte de derechos laborales, como ha ocurrido en procesos similares a nivel nacional.
