Los cinco municipios metropolitanos de Querétaro anunciaron que armonizarán sus reglamentos locales para aplicar el decreto estatal que prohíbe la interpretación o reproducción de música que promueva la violencia o la apología del delito en eventos públicos.
El decreto, emitido por el gobernador Mauricio Kuri el 18 de agosto y publicado en “La Sombra de Arteaga”, establece que quedará prohibida la difusión de géneros como narcocorridos, corridos tumbados o corridos bélicos en plazas, auditorios, estadios, ferias y cualquier espacio de acceso público.
Durante la sesión del Cabildo Metropolitano, los alcaldes de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y San Juan del Río expresaron su respaldo a la medida y adelantaron que en los próximos días presentarán reformas reglamentarias para su implementación.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, destacó que esta acción busca “cuidar a niñas, niños y jóvenes para tener la sociedad que tanto anhelamos”. En la capital, el cabildo discutirá el próximo martes las modificaciones correspondientes.
En Corregidora, el alcalde Josué Guerrero afirmó que la decisión “pone en el centro a las familias” y subrayó que Querétaro “no glorifica la violencia”. Mientras que Rodrigo Monsalvo, presidente municipal de El Marqués, adelantó que ya se trabaja en la revisión de los reglamentos locales.
Jairo Morales, alcalde de Huimilpan, expresó que la paz “se construye con esfuerzos conjuntos”, y anunció que su cabildo hará las adecuaciones necesarias. En San Juan del Río, el alcalde Roberto Cabrera calificó la medida como “un hecho histórico” y resaltó que el acuerdo se tomó con el respaldo de los ayuntamientos.
El secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño, puntualizó que la iniciativa “no se dirige contra un género musical en específico, sino contra expresiones que incitan a la violencia”. Agregó que la música “puede ser un factor de unión y construcción, pero también de degradación y odio”.
El decreto instruye a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con los municipios, a realizar operativos de inspección en espectáculos públicos. En caso de incumplimiento, las sanciones podrán ir desde la suspensión del evento hasta la revocación de permisos.
