17 de enero de 2022.- De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, en su Análisis Económico Ejecutivo de enero, el sistema eléctrico bajo la ley actual funciona bien en favor del país, por lo que la aprobación de la reforma constitucional sería un fuerte retroceso hacia una situación parecida a la de los años 1960. El golpe a la confianza en el país sería desastroso.
La industria requiere de una regulación de redes adecuada y flexible, no de una estatización. La reforma en consideración hoy día elimina los organismos regulatorios independientes.
La baja inversión es un riesgo evidente que podría manifestarse en accidentes, apagones y falta de servicio en diversas áreas geográficas.
Con inversión insuficiente, es altamente probable que las fallas asociadas con la saturación de las redes, como apagones, interrupciones e irregularidades en la tensión, dañen severamente al crecimiento económico, al empleo y al bienestar social.
En octubre pasado en este espacio se sostuvo que la reforma constitucional que propone el ejecutivo en materia de energía eléctrica es innecesaria, equivocada e inaceptable. Al posponerse para este año su discusión y su rechazo o aprobación, es pertinente continuar analizando algunos de sus rasgos más relevantes.
En caso de ser aprobada, la reforma implicaría que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) centralizaría las funciones más neurálgicas del sistema eléctrico nacional, acabando con el mercado de electricidad y convirtiéndose prácticamente en el único productor, comprador y vendedor en el sector. Sería, como se le denomina a ese fenómeno en la teoría económica, un monopolio y a la vez un monopsonio. Es decir, único productor y vendedor y único comprador.
En esta nota se argumenta que el papel principal de la CFE bajo la ley actual es la administración, mantenimiento y ampliación de la red de transmisión y distribución de electricidad. Es una tarea fundamental para el sistema y que le puede dar viabilidad financiera. Sin embargo, la empresa no ha dedicado suficientes recursos a la inversión en estas actividades.
En general, la inversión total de la CFE ha estado por debajo de lo planeado. De acuerdo con las cifras de la SHCP, hasta noviembre del 2021 la inversión física de la CFE sumó 29.7 mmp, lejos de los 52.5 mmp aprobados para todo el año.
En particular, en años recientes la inversión en las tareas de transmisión y distribución ha sido insuficiente, lo que trae consigo un riesgo significativo para el país que, de materializarse, detendría la actividad económica en partes importantes del territorio nacional. Eso, en un momento en el que se requiere urgentemente la reactivación económica a fin de detener y revertir el deterioro de la actividad económica y de los ingresos y bienestar social, que evidentemente han sufrido grandes segmentos de la población.
El sistema bajo la ley actual funciona bien en favor del país. Hasta antes de las medidas adoptadas por la administración que han llevado finalmente a la reforma constitucional bajo análisis, sus beneficios ya eran palpables y no acababan de concretarse totalmente.
Las ventajas del sistema eléctrico actual son muchas, solo por mencionar algunas:
Los costos del sistema disminuyeron, las empresas cuentan con un suministro más competitivo, los recursos presupuestarios de la CFE se optimizaron y permitían ya su rentabilidad, se avanzaba en la transición energética hacia energías limpias, y se presentaron los flujos de inversión en infraestructura del sector más altos de la historia, privilegiando dichas fuentes. En 5 años, la inversión en el sector alcanzó alrededor de 250 mil millones de pesos (mmp). En términos anuales las cifras son aproximadamente el doble de la capacidad de inversión de la CFE.
El despacho de la electricidad se hace con buenas prácticas internacionalmente reconocidas. Así, se prioriza la generación más limpia y más económica, usando la más costosa y contaminante en los periodos de alta demanda. Este sistema tiene inherentemente un incentivo a la innovación y eficiencia.
La inversión masiva y la creación del mercado eléctrico de la ley actual han permitido bajar en alrededor de 50% los costos totales del sistema y los precios de mercado son menores que las tarifas de la CFE.
La aprobación de la reforma constitucional sería un fuerte retroceso hacia una situación parecida a la de los años 1960. Incrementaría el costo de la electricidad, abriría un boquete en las finanzas públicas, cancelaría la transición hacia energías limpias y violaría los preceptos del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (Tmec). El golpe a la confianza en el país sería desastroso.
En buena medida, la reforma constitucional presentada por el ejecutivo se basa en la presunción de que hay elementos que generan pérdidas para la CFE y ganancias para los participantes privados, ambas injustificadas.
Suponiendo sin aceptar que ese sea el caso, al andamiaje regulatorio que contiene la ley actual tiene precisamente la función de eliminar distorsiones de ese tipo. La industria eléctrica requiere de una regulación de redes adecuada y flexible, no de una estatización. La reforma en consideración hoy día elimina los organismos regulatorios independientes .
En la actualidad los sectores que funcionan en redes, como la telefonía, electricidad y ferrocarriles, entre otros, requieren de una regulación que tome en cuenta las implicaciones de las acciones de algunos participantes sobre los intereses de otros que comparten las redes. Esto es la regulación moderna que hace posible la participación privada en sectores antes considerados “monopolios naturales” y que resulta socialmente más conveniente.
La regulación de la red tiene como una de sus funciones primordiales la distribución adecuada y justa de la carga de los costos y las oportunidades de acceso equitativo en los distintos segmentos de actividad. Es de alta complejidad y requiere agencias reguladoras fuertes e independientes, como las que se crearon con la reforma de 2013 y que la presente iniciativa pretende desaparecer.
El sector eléctrico reformado en 2014 ha estado sujeto a diversos cambios significativos, tecnológicos y de participantes. Ante ello, la regulación debe ser firme pero flexible. Si las circunstancias son o se tornan injustamente desfavorables para un participante, como podría ser la CFE, las reglas se deben revisar y corregir. Esa es la respuesta correcta para el bien del sector y sus consumidores (en electricidad, la sociedad entera). La incorrecta es cancelar la competencia y todos sus beneficios, que parece ser el espíritu de la reforma constitucional.
Para enfrentar los problemas que surjan en el sector eléctrico, hay que priorizar el bien público y el bienestar de los hogares con una visión de largo plazo, en vez de destruir el mercado eléctrico y volver a un esquema de monopolio estatal . Hay que conservar lo positivo del mercado de electricidad actual y su desarrollo a futuro, como son los menores costos del sistema y los incentivos al avance tecnológico y a la transición hacia las energías limpias, entre otros. Ello, además, evitando tarifas más altas o subsidios adicionales para mantenerlas bajas con costos por arriba, como inevitablemente pasaría si se aprueba la reforma en cuestión.
Todo ello se puede lograr con regulación adecuada y sólida, que enfrente siempre los retos que inevitablemente surgen.
Tomando en cuenta la característica de red particularmente compleja del sistema eléctrico, la ley actual asigna una responsabilidad crucial a la CFE en el mantenimiento y ampliación de las redes de transmisión y distribución en el país.
La transmisión y distribución son los medios a través de los que la electricidad llega a los hogares y a los centros productivos. Si esos medios fallan se presentan apagones e irregularidades en el servicio y se detiene la producción en las plantas, poniendo así en riesgo las fuentes de trabajo. La atención de las redes es una responsabilidad inherente del Estado y por ello su encargo a la CFE, ajeno a la intromisión de los generadores privados, es un acierto.
Sin embargo, en años recientes, la CFE ha invertido menos de lo necesario para mantener las redes de transmisión y distribución y ampliarlas suficientemente. La empresa ha dedicado sus recursos escasos en mayor medida a otras actividades en las que incurre en pérdidas.
Hasta ahora la inversión en redes de transmisión y distribución -por parte de la CFE- ha sido menor a lo que se estima necesario. La inversión prevista para mantener y ampliar las redes a fin de asegurar la capacidad suficiente para evitar sobre saturación con la inversión se publicó en el Programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional (PRODESEN) de 2018. Esas metas se comparan en el cuadro siguiente con la inversión efectivamente realizada en 2019 y 2020 -de acuerdo con la cuenta pública de la federación- y la presupuestada para los dos ejercicios posteriores.
Claramente, la inversión en las redes de transmisión y distribución de electricidad por parte de la CFE, quien es el agente responsable, están muy por debajo de lo suficiente para mantenerlas en buen estado y sin saturación. Ello representa un riesgo evidente que podría manifestarse en accidentes, apagones y falta de servicio en diversas áreas geográficas.
La imposibilidad de la CFE para llevar a cabo la inversión suficiente en las redes seguramente se vería acentuada con la aprobación de la reforma constitucional, ya que ésta le añadiría a la empresa la responsabilidad de ampliar la capacidad de generación en los próximos años a fin de contar con la creciente energía que requerirá el país.
La reforma constitucional implicaría que la CFE se hiciera cargo de la gran mayoría de la generación de energía eléctrica. Como la empresa tiene mayores costos de generación que el resto de los participantes en el mercado el costo de la generación con el acervo de plantas actual se elevaría sustancialmente. Además, la comisión tendría que invertir en nueva capacidad. Ambas tareas implican gastos adicionales para la comisión por 549 mmp hasta el 2028, de acuerdo con estimaciones independientes, lo que representaría entre 0.3% y 0.4 % del PIB anual.
Al darle aún más responsabilidades que las que la ley actual le da -de generación de energía-, en un contexto de escasez de recursos y pérdidas, la reforma constitucional en cuestión pone en serio peligro no sólo al servicio eléctrico en general sino a los empleos en los lugares en donde la saturación de las redes se presente por falta de inversión en transmisión y distribución.
En resumen, adicionalmente a todos los problemas que se han señalado en múltiples espacios acerca de los inconvenientes de la reforma constitucional presentada por el ejecutivo ante el Congreso en materia eléctrica, es necesario considerar que la CFE no ha logrado invertir lo necesario para mantener las redes de transmisión y distribución eléctricas, a pesar de que es su principal tarea bajo el sistema actual.
Además, sus tareas actuales que no han podido atender adecuadamente a juzgar por las cifras realizadas de inversión, si se aprueba la reforma, la CFE enfrentaría dificultades para encontrar suficientes recursos para el mantenimiento y ampliación que requieren las redes de transmisión y distribución, que es inherentemente una responsabilidad del Estado.
Bajo esas circunstancias, es altamente probable que las fallas del servicio asociadas con la saturación de las redes, como apagones, interrupciones e irregularidades en la tensión, dañen severamente al crecimiento económico, al empleo y al bienestar social.
México
La información económica reciente confirma que la recuperación se ha detenido y la economía ha entrado en un nuevo periodo de debilidad.
La recuperación, o el rebote de las variables de la actividad económica se ha detenido sin haber recuperado el dinamismo de antes de la pandemia, que ya de por sí era magro.
Después del repunte posterior al fuerte caída de 2020, prácticamente todos los indicadores han perdido el impulso que los acercaba a sus niveles prepandemia. Incluso preocupa que, dada la coyuntura, las variables tardarán aún más en recuperar el dinamismo mediocre que ya observaba en 2018 y años previos recientes.
Esta situación refleja la ausencia de políticas de apoyo a personas y empresas desde antes de la pandemia y que pudieron mitigar significativamente el daño de los efectos de la crisis sanitaria que se ha extendido más de lo esperado con nuevos rebrotes e impacto en diversas actividades económicas.
En este contexto, el consumo ha entrado en un estado de atonía y la inversión y producción industrial han regresado a terreno negativo.
Si bien es cierto que el consumo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, se debe considerar que ya a partir del periodo electoral del 2018 mostró un claro estancamiento. Entre julio de ese año y febrero del 2020, mes previo al inicio de la pandemia, el indicador de consumo privado en el mercado interior acumuló un avance de solo 0.3%.
La información más reciente muestra que durante octubre el indicador de consumo aumentó 0.2% lo que, si bien representó su cuarto mes consecutivo con cifras positivas, su dinámica no ha sido suficiente para recuperar lo perdido.
El impacto de la pandemia y el letargo en el que ha entrado recientemente mantiene al indicador de consumo 3.0% por debajo de su nivel previo al inicio de la crisis sanitaria, y es poco más de 10% menor al nivel de la tendencia al alza que mantenía hasta finales del sexenio pasado.
Por el lado de la inversión ya hemos señalado que se debilitó después de las elecciones presidenciales de 2018, pero que su deterioro se agudizó tras otras decisiones de política pública que vulneraron la percepción de estado de derecho y han inhibido la inversión nueva.
El reporte del INEGI señala que durante octubre la inversión se mantuvo en terreno negativo al reportar una baja de 0.01%, su segunda de manera consecutiva. Esto respondió principalmente a la disminución de 0.6% en la inversión en construcción, especialmente en la no residencial que cayó 1.0% en el mes. A pesar de que la inversión en maquinaria y equipo aumentó 2.8% en el mes, no fue suficiente para compensar la menor inversión en construcción.
La inversión física ha caído 16.6% entre julio el 2018 y octubre del 2021. Ello dentro de un entorno de elevada inseguridad y de fallas del estado de derecho, lo que ha propiciado medidas arbitrarias que naturalmente ahuyentan nuevas inversiones. Respecto a su nivel previo a la pandemia, se mantiene 3.7% por debajo.
En este contexto la actividad productiva también se debilitó. Durante noviembre el indicador de la producción industrial tuvo una disminución mensual de 0.1%, después de que un mes antes había tenido un repunte de 0.6%. Además, contrastó notoriamente con la estimación puntual de un avance de 0.6% que anticipaba el indicador oportuno del INEGI.
Este comportamiento respondió principalmente (dada su mayor participación relativa) a la caída mensual de 0.6% en la construcción, seguida de la baja de 1.2% en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final. Por el contrario, la minería creció 0.4% y la actividad manufacturara se mantuvo sin cambio. Respecto a noviembre del año pasado la producción industrial creció 0.7%, pero comparada con el mes previo al inicio de la pandemia la producción aún es 3.5% menor.
Estados Unidos
El Departamento del Trabajo informó que durante diciembre los pecios al consumidor aumentaron 0.5%, superando la estimación del mercado que anticipaba un alza de 0.4%. Los precios de alimentos aumentaron 0.5%, mientras que los de energía disminuyeron 0.4%, respondiendo en buena parte a la baja de 2.4% en los precios del combustóleo. El precio de las gasolinas bajó 0.5%.
Excluyendo alimentos y energía, el índice de precios subyacente registró un aumento mensual de 0.6%, ligeramente por arriba del alza de 0.5% estimada por el mercado.
De esta manera, la inflación anual de diciembre se ubicó en 7.1%, la más alta desde junio de 1982. La inflación anual subyacente fue de 5.5%, la mayor desde febrero de 1991.
Si bien el mercado ya anticipaba una debilidad de las ventas al menudeo durante diciembre previendo que se mantendrían sin cambio respecto al mes previo, el Departamento de Comercio reportó que durante ese mes las ventas disminuyeron 1.9%, lo que representó su primera baja después de cuatro meses consecutivos con aumentos. A excepción de las ventas de artículos para la salud y cuidado personal, de material de construcción, y jardinería y de tiendas minoristas, el resto de los segmentos de ventas reportaron caídas en diciembre. Según los especialistas, esto sugiere que la inflación está comenzando a afectar el gasto de los consumidores.
La Reserva Federal señaló que en diciembre la producción industrial disminuyó 0.1%, mientras que el mercado anticipaba un aumento de 0.3%. Esto respondió a una caída de 0.3% en la producción manufacturera y a una baja de 1.5% en la producción de servicios públicos. Por su parte, la minería aumentó 0.2%. Respecto al mismo mes del año previo la producción industrial creció 3.7%.
Reportacero
