Las condiciones en que viven las casi 10 mil personas con discapacidad que están privadas de la libertad es brutal, tanto para aquellas que llegaron con alguna condición a la cárcel como aquellas que la adquirieron encerradas a causa de la falta de atención médica, de higiene y de apoyo psicológico y redes de protección.
Poco después de salir de un centro penitenciario de la Ciudad de México, Octavio*, un hombre sin piernas y seis dedos amputados, pasaba sus días afuera de un supermercado, donde pedía dinero para sobrevivir; semanas más tarde fue encontrado drogado, violento y sin poder recordar las caras de sus conocidos.
El caso lo atestiguó Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta, una asociación especializada en el trabajo con personas privadas de su libertad y sus familias. “Es una de esas situaciones en las que realmente no sabes dónde estaba mejor, si en la cárcel o afuera y eso ilustra lo mal que está la situación, ¿cómo puedes preguntarte si una persona estaba mejor privada de la libertad?”, dice Saskia quien lleva esta causa desde hace más de siete años.
“La mayor dificultad que esto entraña es que muchas de estas personas solo cuentan con redes afectivas al interior de los centros penitenciarios cuando sus sentencias fueron muy largas”, publicó en un reporte la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Recién salido de prisión, Octavio se enfrentó a la pérdida de redes de apoyo, una realidad común para las personas con discapacidad que se encuentran recluidas en alguno de los 266 centros penitenciarios que existen en el país México.
Además del abandono, las personas en reclusión que viven con alguna discapacidad se enfrentan a cárceles sin adaptaciones para la movilidad, sin servicios médicos básicos -mucho menos especializados-, viven hacinamiento y carencias incluso de insumos básicos como papel sanitario, sábanas o ropa, como muestran indicadores oficiales. Si la vida en libertad ofrece considerables obstáculos para las personas con discapacidad, para aquellas privadas de su libertad están lejos de tener un trato digno.
Según los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 que publica el INEGI, hacia finales de 2021 había 219 mil 27 personas recluidas en todos los centros penitenciarios del país, con un total de 9 mil 461 personas con discapacidad (9 mil 105 hombres y 356 mujeres). En los centros de internamiento para adolescentes había una población total de mil 393, donde únicamente 13 manifestaron vivir con alguna discapacidad (12 hombres y una mujer).
Para entender el enorme rezago del sistema penitenciario mexicano en la atención a las personas con discapacidad basta con un dato: de cada 10 cárceles estatales y federales solo tres tienen espacios adaptados (solo 89 de 266 cárceles en el país).
En el caso de los penales federales, conocidos como Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), ninguno de los 15 que hay en México está adaptado para personas con discapacidad, a pesar de que en ellos viven viven 3 mil 608 con discapacidad (3 mil 601 hombres y 7 mujeres), indican los tabulados del reporte publicado por INEGI.
Al evaluar los centros estatales de reclusión se observan grandes disparidades según donde se encuentre la prisión. En Guanajuato por ejemplo, 10 de los 11 centros penitenciarios cuentan con espacios accesibles, o en la Ciudad de México (10 de 13) pero en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Tamaulipas, son algunos de los estados con altos niveles de detención (y hacinamiento) pero donde no existe una sola cárcel acondicionada para personas con discapacidad.
En el caso de los 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes que hay en México, solamente 19 tienen espacios adaptados para adolescentes con alguna condición de vida. En el sistema para adolescentes, aunque con ocupaciones significativamente menores al de adultos, el rezago en la cobertura de necesidades para personas con discapacidad es todavía mayor, pues 18 entidades del país como son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no cuentan con ninguna instalación adaptada para esta población.
“Hablar de los derechos humanos en la cárcel en general es complicadísimo y si vemos grupos vulnerables, más. Las cárceles tienen una estructura paupérrima, hay penales que datan de 1952, otros de 1969, se trata de edificios que están completamente obsoletos, que fueron construidos con una visión de castigo y no con una visión de inclusión”, explica Niño de Rivera.
Las carencias empiezan en suministros de productos básicos: según el censo del INEGI, de los 266 centros penitenciarios, solamente en 32 se suministran pañales, en 104 ropa, en 107 cobijas y en 36 sábanas. En el caso de centros para adolescentes, de los 53 habilitados apenas en 4 tienen pañales para aquellas personas que los requieran y en 21 solamente entregan ropa, en 19 calzado, en 30 cobijas y apenas dentro de 16 hay sábanas para los internos.
En un mundo ideal
El numeral 5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas también como Reglas Mandela, refiere la obligación de los centros penitenciarios para tener “acondicionamientos razonables para asegurar que los reclusos con discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en prisión”.
El mismo documento señala que todos los centros penitenciarios deben contar con servicios de atención a la salud para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad, “en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación” y “(…) con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría.”
La realidad del sistema penitenciario dista mucho de brindar estos servicios. En total, en las cárceles de México hay 35 mil 520 elementos de personal, pero únicamente mil 339 de ellos destinados a servicios de salud para la atención de más de 200 mil personas en reclusión en el país. De todos los servidores públicos en el área médica, apenas hay 5 especialistas en ginecología y obstetricia, 4 pediatras y 16 designados para la atención de urgencias. La mayoría de las plazas del sistema penitenciario están ocupadas por elementos de custodia (20 mil 945), trabajo social, asuntos jurídicos y directivos de los centros penitenciarios.
La precariedad causa discapacidad
El hacinamiento, la insalubridad, la falta de atención médica y de alimentación adecuada (condiciones registradas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021) aumentan los riesgos de tener más o nuevas discapacidades para quienes permanecen en reclusión. Condiciones como diabetes, artritis, baja visión, así como el consumo de sustancias “rebajadas” con materiales tóxicos, inciden directamente en la disminución de la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y, eventualmente, en que puedan experimentar algún tipo de discapacidad.
“Ojalá haya rampas para personas en silla de ruedas, pero ni siquiera hay acceso a la salud para nadie. La gente se enferma por la propia cárcel, hay quienes tienen problemas de gota porque duermen amarrados, parados. El cero acceso a la salud hace que la diabetes avance mucho más rápido y la comida lo mismo les afecta. En estas condiciones hay que pensar qué tanto la propia cárcel genera discapacidad, tomando en cuenta también los efectos del encierro en la mente”, apunta Saskia Niño de Rivera.
Si para quienes llegan a las cárceles con alguna discapacidad (sea física o psicosocial), el panorama es sombrío, para quienes han adquirido ahí alguna discapacidad es todavía peor, advierte la Tercera Visitaduría General de la CNDH. “Es necesario identificar que hay dos grupos de personas con discapacidad, las personas ‘PL’ (privadas de la libertad) que ingresaron con una discapacidad y las personas ‘PLQUE’ desarrollaron una discapacidad durante el tiempo de su estancia en un centro penitenciario (…) En el segundo caso se observan mayores dificultades en el proceso de adaptación, principalmente derivadas de la no previsión en algunos centros penitenciarios para el uso de sillas de ruedas, de manera particular en las áreas para mujeres”, aseguró el área en un documento elaborado para Yo También.
La mayoría de estas personas deben vivir su discapacidad entre celdas colectivas, pues de las 64 mil 649 con las que cuenta el sistema penitenciario, solamente hay cinco mil 41 individuales, que generalmente son designadas sin atender criterios de discapacidad o salud. De la totalidad de las celdas, hay más de cuatro mil que no cuentan con agua corriente, servicio con el que cuentan 60 mil 37, mientras que solamente 58 mil 548 tienen baño.
En un pronunciamiento de 2016, a propósito de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables del sistema penitenciario, la CNDH fustigó la carencia de programas específicos para el tratamiento psiquiátrico de los reclusos, el desabasto de medicamentos y material de curación, “así como limitación en el acceso a servicios básicos como agua, luz eléctrica y ventilación, en áreas específicas para la atención y rehabilitación de internos con discapacidad psicosocial”. La revisión que hizo entonces el organismo encontró que siquiera había expedientes clínicos para las personas con discapacidad psicosocial, lo que hacía imposible el acceso a un tratamiento para lograr la recuperación, algo que “violenta el derecho a la seguridad jurídica”. En su revisión 2021 a centros penitenciarios, la CNDH criticó la manera en que los sistemas penitenciarios atienden la discapacidad psicosocial:
“… los sistemas penitenciarios a través de su personal médico y/o en psiquiatría continúa eligiendo tratamientos médicos invasivos y que en muchos de los casos no son consentidos por la persona con alguna discapacidad psicosocial, y por el contrario, desatienden las señales de alerta ante posibles conductas depresivas, de ansiedad o abstinencia producidas por las mismas condiciones en las que se encuentran, que han concluido en la pérdida de la vida a través de suicidios; siendo insostenible entonces, que por decir un ejemplo, para algunos sistemas penitenciarios estatales es más importante mantener la vigilancia de cámaras de seguridad para evitar que parejas del mismo sexo sostengan contactos físicos o íntimos, que el brindar un adecuado acompañamiento y vigilancia permanente a través de estos mecanismos, para evitar las agresiones o autoagresiones de personas que enfrentan algún padecimiento mental y con ello, evitar el menor número de muertes por suicidio.”
Entre abusos y abandono
La llegada a la cárcel de una persona con discapacidad acarrea en muchos casos el abandono de la familia, lo que agrava la estancia de las personas en reclusión. En 1993, la CNDH plasmó en la recomendación 205/1993 una observación sobre cómo a pesar de haber cumplido su pena, la reclusión de las personas con discapacidad se alarga. Esta reclusión “alargada” obedece a que estando en prisión se pierden las redes de apoyo de muchas personas, especialmente de mujeres y de personas con discapacidad, refiere Saskia Niño de Rivera.
“Algo que pasa mucho es que quienes cometen delitos y obtienen penas entran a un escenario complicado porque su estancia en prisión genera problemas para su familia. Generan costos adicionales y cuando a ello se suma una discapacidad psicosocial, la familia tiende a pensar que es mejor que estén adentro, en un lugar relativamente seguro. Muchas personas ven la cárcel como ‘ah me salvaron, ya no tengo que hacerme cargo yo (del familiar con discapacidad)’, y es ahí cuando empieza el abandono”, explica la activista.
Según la CNDH durante 2021 hubo 42 registros de abusos cometidos contra la población en reclusión, de los que 20 tuvieron como víctimas a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluida una persona con discapacidad mental. Además de abusos físicos, están documentados algunos de índole sexual, violencia colectiva, negligencia, maltrato, cobros y extorsiones, humillaciones y amenazas. De los 39 homicidios cometidos dentro de centros penitenciarios en 2021, hubo una víctima con discapacidad psicosocial, en el Centro de Reinserción Social Tepexi de Rodríguez en Puebla.
La falta de vigilancia y de control de situaciones de convivencia ya había sido identificada en 2016 por la CNDH, que entonces advirtió que estas condiciones provocaban victimización, abusos físicos, sexuales y psicológicos en contra de las personas con discapacidad psicosocial. De las 11 mil 858 quejas o peticiones presentadas a lo largo del año, 44 son de personas en situación especial de vulnerabilidad; de ellas, dos corresponden a personas con discapacidad física y siete a personas con discapacidad psicosocial. La condiciones constatadas por el organismo, abunda el informe, muestran que hay una “deshumanización” del sistema penitenciario mexicano, con tratos crueles, inhumanos y degradantes como regla.
Con información de Yo También.
