La Fiscalía Anticorrupción logró que fueran vinculados a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, Sergio «N» ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra, Alejandra «N» ex directora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, y José «N» ex director General de Caminos y Puentes, todos de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos.
El viernes 15 de octubre en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, estos tres ex funcionarios del sexenio anterior, así como la ex secretaria de Obras Patricia «N» fueron imputados por avalar una obra se adjudicación directa por un monto total de 42 millones 591 mil 188 pesos, para la «Modernización del Circuito del Lago de Tequesquitengo del 0+000 al 2+000 modernización del circuito del Lago de Tequesquitengo del 2+000 al 4+000».
La agente del Ministerio Público presentó más de 25 datos de prueba contra los imputados, quienes presuntamente no acataron lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas vigente en 2015, la cual establecía que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos.
Pese a esto, el 30 de diciembre de 2015 avalaron de manera indebida el fallo emitido en favor de la empresa Asfaltos PRISMA S.A. de C.V., mediante el cual se adjudicó de manera directa, el contrato de obra pública número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-082/2015.
De acuerdo a los antecedentes presentados, los imputados contravinieron y violentaron las disposiciones aplicables a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, ya que presuntamente tenían conocimiento, en razón de su cargo, que podría resultar afectado el patrimonio de la Federación y los intereses del Estado.
Sergio «N», Alejandra «N» y José «N» renunciaron al plazo constitucional y decidieron que su situación jurídica fuera definida el mismo día que fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que, ante los contundentes datos de prueba y la sólida argumentación de la agente del Ministerio Público, el juez decidió vincularlos a proceso y dió tres meses para el cierre de la investigación. En tanto, a Patricia «N» se le otorgaron 144 horas para definir su situación jurídica.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
