La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una investigación por la desaparición de 13 menores de edad que se encontraban bajo el resguardo del sistema DIF-Morelos que preside Natalia Rezende, esposa del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Este fin de semana agentes ministeriales realizaron dos cateos con el fin de localizar a los menores desaparecidos.
La Fiscalía informó que con la autorización de un Juez de Control realizó dos cateos derivados de denuncias presentadas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, por los presuntos malos tratos y la desaparición de 13 adolescentes Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) dependiente del DIF Estatal, ubicado en la Colonia Miguel Hidalgo de Temixco.
Indicó que la noche del viernes 25 de enero cateó el centro para el tratamiento de adicciones «Sinaí» ubicado en la colonia El Edén de Jiutepec, dónde una persona que se hizo pasar por notario público impidió el acceso a personal de la Fiscalía Anticorrupción y entorpeció su trabajo.
En ese sitio ubicaron a nueve de los 13 menores reportados como desparecidos, quienes presuntamente fueron enviados a ese centro sin seguir los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los adolescentes.
“El sábado 27 de febrero, después de esperar varios minutos en la entrada del CASA del DIF Morelos, personal de la Fiscalía Anticorrupción pudo ingresar y se observó que otros dos de los adolescentes reportados como desaparecidos se encontraban en el lugar, en tanto, se logró saber que otro de los adolescentes se encuentra con una familia de acogida y otra más presuntamente egresó por mayoría de edad”, informó la dependencia.
Al respecto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Cdhmor) informó que la Clínica Particular de Atención a Adicciones SIANI AC, no se encuentra avalada por la Comisión Nacional Contra las Adicciones ni por el Consejo Estatal, aunado a que brinda sus servicios desde una perspectiva religiosa, lo que violenta el Estado laico y pone en riesgo a las y los adolescentes que cuenten con una ideología distinta.
“Ante tales hechos, durante los días 23, 24 y 25 de febrero del año en curso, este Organismo, en coordinación con personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizaron diversas diligencias, tanto en las instalaciones del CASA como del SIANI, para supervisar las condiciones que existen al interior, así como entrevistarse con las/os adolescentes; no obstante la autoridad mostró resistencia negando en principio el acceso y posteriormente la comunicación con los menores”, informó el organismo estatal.
El 24 de febrero del 2021, tanto la CNDH como la Cdhor presentaron denuncias en contra de los servidores públicos que impidieron a ambos organismos realizar sus funciones constitucionales.
“Considerando que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, los albergues y centros de adicciones son lugares privativos de la libertad, esta Comisión presentó demanda de amparo indirecto en favor de los 13 adolescentes, la noche del 25 de febrero del año en curso, reclamando violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad personal (en la modalidad a no ser sujeto a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes), a la legalidad y seguridad jurídica, así como a no ser incomunicado”, informó.
En dicho expediente el Juez Séptimo de Distrito en el Estado solicitó a las autoridades responsables la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados, obligándoles a obedecer dicha orden en un plazo de 24 horas.
A un actuario del juzgado que se constituyera en el SIANI, a efecto de dar fe de que en el lugar se encuentran todos los menores y cuál el estado físico que guardan.
A la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que investigue los hechos y restituya los derechos de los quejosos.
A la Presidenta del DIF Estatal, Natalia Rezende, para precisar los motivos por los cuales los menores se encuentran en el SIANI y qué autoridad tiene a su disposición a los quejosos.
Al Ministerio Público Federal que investigar los posibles ilícitos en un plazo de 3 días.
A la Defensoría Pública Federal que designe a un representante especial para los menores.
“En concordancia con todo lo expuesto, hacemos un enérgico llamado a las autoridades estatales para que se abstengan de obstruir las investigaciones de los Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos y a las autoridades federales para que, en el ámbito de su competencia, intervengan y resguarden a quienes se encuentran indefensos en los centros de asistencia social de Morelos”, señaló la Cdhmor.
La Fiscalía Anticorrupción añadió que no cederá ante actos de intimidación del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco y que continuará con la verificación de los procedimientos de destino de los menores “ya que no hay transparencia en los procesos realizados por el DIF respecto a este tema, ya que desde el miércoles 24 de febrero se realizó una diligencia en los centros CASA y SIANI, negándose a dar acceso y proporcionar información, por ello, se solicitó la orden de cateo para verificar el sano desarrollo de los menores y tutelar el interés superior de los mismos”.
En respuesta a los cateos y a la investigación iniciada en su contra, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos acusó que se realizó con uso excesivo de la fuerza.
“El Sistema DIF Morelos no permitirá que se sigan vulnerando los derechos de la población y siempre será garante de la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos, se denuncia que un grupo de más de 40 elementos armados ingresaron de manera violenta, de tal manera que ‘pareciera que venía en búsqueda de un gran capo’.
“Con el propósito de cumplir con la transparencia, personal del área de Comunicación Social del DIF estatal intentó documentar lo que ahí sucedió, sin embargo, fue amedrentado y violentado físicamente para evitar que realizara su trabajo”, respondió el DIF-Morelos.
