• FGE inició carpeta de investigación por la agresión a 3 periodistas de Querétaro
• La carpeta ha sido remitida y recibida en la FEADLE
En apoyo de las autoridades federales en términos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se atendió a tres personas que se acreditaron como periodistas de medios en el estado, para recibirles su denuncia respecto de hechos, del 29 de diciembre de 2022, posiblemente delictivos que impidieron el libre ejercicio de su derecho a libertad de expresión.
En los plazos legales se trabajó para formalizar las actuaciones urgentes como la recepción de la denuncia, el aseguramiento de pruebas y el dictarles medidas de protección para resguardar su integridad física.
La carpeta ha sido remitida y recibida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, para que dé continuidad a las investigaciones y se determine con la participación de las personas afectadas, las responsabilidades penales que correspondan.
Del mismo modo, se informa que el 29 de diciembre, Policías Estatales activaron un despliegue de reacción para ubicar vehículos con semejanza a los asegurados en el lugar: camionetas de transporte colectivo con placas y logotipos cubiertos con cartón y cinta adhesiva.
De este modo es ubicada una unidad del servicio público sobre la carretera federal 57, y con personas originarias del Estado de México, de las cuales solamente cuatro fueron puestas a disposición de la Unidad de Acusación de la Fiscalía en San Juan del Río, entre ellas una policía en activo de aquella entidad; por la posible comisión del delito de resistencia de particulares a mandato de autoridad legal, ya que hicieron caso omiso a los requerimientos de la policía a quien también agredieron verbalmente.
Las personas fueron investigadas por su posible relación directa con los hechos mencionados en una gasolinería del municipio de Querétaro. Sin que hasta el momento, se determinará la responsabilidad penal que corresponda por delitos competencia de las autoridades estatales.
