A la maltrecha sociedad mexicana, a la ausencia de un Estado de Derecho, al empoderamiento de la delincuencia organizada, a la mejor política exterior que resultó la inferior, sólo le falta un empujón.
Aunque los datos de la Secretaría de Hacienda no lo revelan, hasta marzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto de casi cuatro billones de pesos de financiamiento.
Según la SHCP en abril de 2022 la Deuda Pública pasó los 14 billones de pesos, en noviembre de 2018 era 12.2 billones y a eso hay que agregarle los fondos y fideicomisos reventados, y la deuda amortizada.
Para un gobierno que se vanagloria de no haber hecho deuda, para una administración que ha cancelado programas, que ha bajado el gasto en educación, salud y seguridad, es demasiado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una limitada capacidad de respuesta ante eventos como la pandemia, en parte por la arrogancia de hacer las cosas como le viene en gana.
En todo el sexenio no ha existido crecimiento positivo de la economía y sumado el pronóstico para este año, que el club de los optimistas pone en 1.9, al terminar 2022 habrá números rojos.
La Cuarta Transformación y sus ideotas solamente complican las cosas y ocasionan desabasto de medicamentos, caída del novel educativo y aumento en la criminalidad.
Entre las grandes ideotas, al frente está cancelar Texcoco y hacer el Aeropuerto de Santa Necia, que lejos de tener ganancia se sumó con Pemex y CFE a los que horadan las finanzas públicas.
De hecho, mientras Texcoco iba a ser pagado con el TUA, el aeromuerto, al que hay que agregar la deuda por cancelar el NAIM va a ser pagado con dinero público.
Tampoco funcionan los programas, mal diseñados, y el reventón en el Banco del Bienestar y su reubicación en Telecom (Para tapar los quebrantos) figura junto al Insabi entre los fracasos más caros.
Expertos en salud pública, reales, no como Hugo López Gatell, han mostrado que no se cumplió con la Ley General de Salud para atacar la pandemia, tampoco con las sugerencias de la OMS.
Tampoco se ha cumplido con los lineamientos más elementales para la seguridad pública, para propiciar la inversión para crear fuentes de empleos, en cambio sí se ha golpeado a muchas empresas.
Actualmente, sin un Fondo para Prevenir los Desastres Naturales y otro para Desastres Naturales, México no tiene capacidad para responder a un evento catastrófico de gran magnitud.
Para enfrentar los daños y atender a damnificados de terremoto de la dimensión del de septiembre de 2017 o un meteoro devastador como Ingrid o como Gilberto, el gobierno federal no tiene capacidad.
De hecho, el gobierno de AMLO ha atendido mal y con lentitud los siniestros de Tabasco y de Tula, y recientemente en Oaxaca se tardó casi una semana en responder.
Eventos catastróficos de origen natural, como grandes incendios forestales, huracanes, terremotos, tienen además de un potencial social perturbador, otro extremadamente peligroso desde el punto de vista financiero.
Un estudio del Banco Internacional de Pagos los ha bautizado como “cisnes verdes», y considera que pueden originar un efecto cascada en la economía, y terminar en una profunda crisis financiera.
Y ante una situación tan extrema, poco alivio serían las mentiras oficiales.
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