La dimisión del Estado Mexicano a aplicar la ley, al liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, tras su captura en Culiacán Sinaloa, sin duda ha generado y seguirá generando mucha polémica.
Habrá quienes digan que, tal como argumentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la liberación de un hombre perseguido por la justicia y con una orden de aprehensión en su contra vigente, fue con la finalidad de evitar un mayor baño de sangre en la ciudad sinaloense y, quizás tengan razón.
También habemos quienes creemos que la decisión fue equivocada, que mostró debilidad del Estado Mexicano ante grupos de poder, en este caso un grupo de poder criminal, pero de poder al fin y que esa determinación vulnera al mismo Estado Mexicano, menoscaba la figura presidencial, empodera a los grupos criminales todos y, más grave aún, es un delito.
Sí, es un delito y lo cometieron todos los que intervinieron en el operativo para su captura y quienes asumieron la responsabilidad de su liberación, incluidos los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Pero eso no es todo, la comisión de ese delito, debería, si el Estado de Derecho en México sigue vigente, obligar a la destitución Andrés Manuel López Obrador, de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
Y me explicó: De acuerdo con el artículo 150 del Código Penal Federal, vigente hasta el momento de escribir esta colaboración, permitir que un detenido, procesado o sentenciado se evada de la justicia, es un delito llamado ‘evasión de reos’.
Dice el título cuarto del Código Penal Federal denominado Delitos Contra la Seguridad Pública en su capítulo 1, artículo 150: “se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado.
Aquí abro un paréntesis en la justificación legal de mi argumento para recordar las palabras del presidente López en el sentido de liberar al hijo del Chapo Guzmán.
Dijo textual López Obrador: “Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso. Ellos tomaron esa decisión (de liberar a Ovidio Guzmán) y yo la respaldé”. Ergo, el presidente avaló y autorizó la medida de dejar ir a un delincuente detenido sobre el cual existe una orden de aprehensión con fines de extradición vigente.
Más aún, la comisión del delito de AMLO y su gabinete de seguridad es un delito grave, que no tiene derecho a fianza pues y su pena de incrementa si quien la comete es un servidor público, como fue el caso pues según el mismo Código Penal Federal: ‘si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda’.
Pero lo más grave es que, según la letra de la ley, el servidor público que cometa este delito “será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.
En pocas palabras, si en México la ley se aplica, como dice el presidente López, entonces él es un delincuente que deberá ser destituido de su cargo, procesado y sentenciado con un máximo de hasta 12 años de prisión. Digo
El último párrafo. La protesta, el pasado jueves, de unas mil personas, en demanda de mejores condiciones del transporte público de pasajeros, de gratuidad en el pasaje para usuarios preferentes -estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes- es una muestra más de que uno de los grandes pendientes de la administración estatal es la movilidad; sin embargo, llama la atención que en el contingente hubiera concesionarios del transporte público, activistas y hasta militantes de partidos políticos. No niego la legitimidad de la protesta, pero me cuestiono el fondo de quienes quieran utilizar el tema para sacar raja política. Les digo.
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