El nombre oficial es Gabriel Solares, que cobra como presidente del club, pero quienes mueven la cuna se llaman Rafael Espino de la Peña, consejero de Pemex, Senador con licencia y dueño de los Hospitales Amerimed; Francisco Orozco, Alfonso Solloa y Greg Taylor, famoso representante de futbolistas; todos ellos son los socios y verdaderos propietarios del club.
Esos son los nombres de los responsables, en parte, de lo acontecido el sábado por la tarde en El Corregidora. Ellos son quienes poseen al club de fútbol Gallos Blancos de Querétaro.
Ellos, junto con Adolfo Ríos, director deportivo del Club, tienen obligación de explicarnos qué pasó al interior del estadio Corregidora al sábado por la tarde.
Las imágenes que le dieron la vuelta al mundo deberían avergonzar a cualquier queretano nacido o avecindado aquí por convicción o necesidad; pero también, esas imágenes, generan muchas dudas.
¿Quién decidió contratar a la empresa que un día antes del partido ofrecía ‘trabajo’ a cualquiera como miembro del equipo de seguridad privada?; pero, sobre todo, deben explicar ¿quién de la directiva decidió vender 2 mil boletos a las barras atlistas?
Además, GSEK9, empresa responsable de la seguridad privada en el estadio Corregidora, cuya representante es Susana Pantoja Luna, que tiene número de autorización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) SSC7SSP/394 y con domicilio en la colonia Cimatario, también tendría que explicar por qué no tenían suficientes elementos para mantener la seguridad en el inmueble y por qué, un día antes del partido, ofrecían trabajo para ‘brindar’ seguridad en un partido de alto riesgo.
Y ya que hablamos del ‘partido de alto riesgo’, surgen más preguntas, éstas dirigidas a la autoridad.
Si el encuentro era de ‘alto riesgo’ ¿porqué no había elementos de seguridad pública al interior del estadio? ¿Quién tomó la decisión de que las fuerzas de seguridad pública ubicadas fuera del Corregidora, no pudieran entrar o no actuaran cuando vieron salir corriendo a los aficionados antes de que concluyera el encuentro? ¿Qué provocó la tardía reacción de la fuerza pública para actuar? ¿Quién omitió dar instrucciones de inmediato? ¿Por qué no se informó oportunamente a la opinión pública sobre lo que acontecía en el inmueble? ¿Dónde estaban los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil en el momento de la batalla campal? ¿Por qué no hay detenidos por estos hechos o, cuando menos, no se ha informado de ello?
El gobernador del estado, Mauricio Kuri puso el dedo en la llaga en su conferencia de prensa de este domingo: “La seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada… reconozco que pese a ello es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba”, esa sola afirmación invita a que, en breve, deberían rodar cabezas. ¡Digo!
El último párrafo. Lo acontecido en el estadio Corregidora el sábado por la tarde, debería costarle la afiliación del club Querétaro, tengo clarísimo que ello no sucederá porque, como me dijo mi gurú en materia futbolística, desafiliar al club Querétaro implicaría apuntar también al Altas, cuyos propietarios, son los ‘dueños’ del futbol mexicano. ¡Les digo!
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