La reforma judicial, lo último que busca, es justicia, la están vendiendo que las modificaciones servirán para que se cancelen los vínculos entre el poder político y el económico, que los poderosos usen los “derechos humanos” para victimizarse y con ello ampararse contra el gobierno y, a veces, ganar juicios en prejuicio del estado.
Se requiere un poder judicial libre, autónomo y, sobre todo capaz, sin compromisos políticos de ninguna índole.
Para nadie es un secreto que la justicia pronta y expedita en México es para don dinero, para aquellos que tienen poder económico para pagar abogados, sobornar jueces o meter presión para inclinar la balanza a su favor.
Según un informe de México Evalúa, el 72% de los mexicanos desconfía del sistema judicial, en parte debido a la percepción de que las reformas no reflejan las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía.
Se quieren hacer del poder legislativo a la mala, con el asunto de la sobre representación y quieren a todo a costa hacerse del poder judicial
La iniciativa plantea destituir a mil 600 jueces, magistrados y ministros, reemplazándolos por otros elegidos por votación popular en 2025. Esto desmantela el sistema de carrera judicial instaurado en 1994, que se basa en formación y méritos. En este esquema, cualquier empleado judicial, como un taquígrafo, puede llegar a convertirse en presidente de la Suprema Corte, como es el caso del ministro Luis María Aguilar, quien tiene 55 años en la judicatura.
La elección popular de jueces prioriza la lógica política sobre la formación y la capacidad, abriendo la puerta a campañas y promesas vacías, pues el voto popular no solo no prioriza la formación de los postulantes, sino que abre la puerta a la lógica política, la del cabildeo, los eslóganes de campaña y las promesas vacías, como lo hemos visto toda la vida y, como lo seguiremos viendo.
La reforma también propone reducir la SCJN de 11 a 9 miembros y reestructurar el Consejo de la Judicatura. Ministros y expertos han señalado que estas medidas politizan el Poder Judicial y comprometen su independencia. Según Denise Dresser, «la sobrerrepresentación de Morena y su influencia en las designaciones judiciales puede inclinar el sistema hacia intereses del Ejecutivo».
El presidente López Obrador ha mantenido una postura firme sobre la reforma, especialmente después de su arrollador triunfo electoral, y ha manifestado su descontento con la SCJN. «El presidente nunca olvidó lo que sucedió en Querétaro», cuentan desde la Suprema Corte, refiriéndose a un incidente donde la presidenta de la Corte, Norma Piña, no se levantó para recibir al mandatario.
Las divisiones internas y la presión del ala purista de Morena complican aún más el panorama. El enfrentamiento entre Piña y el exministro Arturo Zaldívar, asesor de Claudia Sheinbaum sobre la reforma judicial, también ha contribuido a la tensión. «Esto es una vendetta, por la Guardia Nacional, porque Piña no se levantó, por la cena de Alito… todo se ha ido sumando, y se ha hecho una propuesta de reforma con coraje y con saña», afirma un ministro.
En el círculo rojo de la presidenta electa hay voces que consideran necesario matizar los impactos de la iniciativa. Piña prepara un contraproyecto y algunos de los ministros cercanos a ella están buscando posibles nuevos aliados. El objetivo es salvar lo que se pueda de una situación crítica. «Es muy difícil y un mal momento, porque ya llegó la tormenta, pero esto no está perdido hasta que se pierde», sostiene otra fuente del pleno de la Corte.
La reforma judicial no solo es desproporcionada, sino que, desde una perspectiva política, es innecesaria. En dos años y medio, cuatro ministros concluirán sus cargos y podrán ser reemplazados por jueces aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso. Sumados a los votos de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres (alfiles en la Corte de López Obrador), Sheinbaum tendrá en el Supremo la mayoría de votos. Además, Morena y sus aliados tendrán en septiembre el poder de reformar la Constitución, y la oposición no cumplirá el requisito de tener un tercio de los votos en el Congreso para promover acciones de inconstitucionalidad. Es decir, cualquier reforma del oficialismo está blindada y la función de control constitucional del Supremo quedará naturalmente en desuso.
Los ministros también advierten sobre los efectos contraproducentes de la reforma. Si la propuesta de López Obrador ha diagnosticado que la cura a la corrupción judicial es el voto popular, el primer caso de un juez corrupto surgido de las urnas será tan solo, cuestión de tiempo, pues ninguno de los problemas que se señalan (rezago, costos, lejanía, politización) se resuelven si el juez es votado.
Las presiones a que estarán sometidos los aspirantes a jueces mercantiles o administrativos por parte de los grandes despachos de abogados también son preocupantes.
Si un gran inversionista ve que no hay una sola controversia que pueda ganar contra el Estado mexicano, ¿qué confianza tendrá para invertir su capital?
Una prueba de que ni siquiera saben de lo que hablan es que Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum mencionaron que el supuesto costo de la elección de mil 600 jueces podría ser cubierto con los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, que se calcula equivalen a 15 mil millones de pesos, sin embargo, actualmente hay recursos de inconstitucionalidad por la aprobación de su extinción en el Congreso.
Ricardo Monreal dijo en un parlamento abierto que en un “estudio conjunto con el INE” el costo de la elección sería de 3 mil 500 millones de pesos.
La virtual presidenta electa dijo que se están evaluando todas la posibilidades, ya que no sería viable realizar elecciones con frecuencia.
“Hay que revisarlo, si es factible, si no es factible. Miren, hay temas de una elección -me lo contaba el otro día la secretaria de Gobernación- dice el Instituto Nacional Electoral que podría costar 7 mil millones de pesos, entonces no puede estar haciendo elecciones cada tres meses, entonces hay que revisar todo eso para ver la factibilidad”, dijo.
Inmediatamente y de manera sorpresiva el INE se desmarcó y desmintió a los morenistas de que haya participado en la proyección del costo de la elección al Poder Judicial.
En su cuenta de X, el INE precisó que no ha realizado alguna proyección que podría tener la elección de jueces, magistrados y ministros ante la posibilidad de que la reforma del Poder Judicial sea aprobada en el Congreso de la Unión.
La reforma judicial plantea serias amenazas a la independencia judicial y la confianza pública en el sistema, al introducir cambios que favorecen intereses políticos y desmantelan el sistema de méritos establecido.
No quieren justicia, quieren todo el poder.
