Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales un individuo de determinado país está sujeto con relación a la sociedad en que vive y a la cual debe integrarse.
El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que son ciudadanos los mexicanos mayores de 18 años que tengan un modo honesto de vivir.
El 35 señala como derechos, votar, ser votado, asociarse pacíficamente, poder hacer peticiones y tener audiencia de las autoridades, ejercer cualquier negocio lícito, iniciar leyes y tomar armas en las fuerzas armadas.
El 36 señala como obligaciones desempeñar cargos municipales, estatales o federales para los que se les haya electo sin que sean gratuitos, y votar en las elecciones o consultas populares.
Encontrar ciudadanos mexicanos responsables, incluso en el servicio civil, requiere de la “lámpara de Diógenes”, porque al primer problema, con facilidad, expresan el clásico “y yo por qué”.
Hace dos semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador enteró a todo el paisanaje que el fuero federal no es responsable de combatir e investigar los delitos de homicidio doloso.
Hace dos días, el pipiolo gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que proveer agua y también la electricidad, con suficiencia y eficiencia, eran potestades y deberes de la Federación.
A partir de los resultados del 5 de junio, los medios y las redes se han llenado de declaraciones y quejas en los que responsabilizan de los resultados electorales a tal o cual partido o gobierno.
Y los casos de irresponsabilidad ciudadana, en el área social o gubernamental abundan, tal parece que México o es el país de los inocentes o el de los irresponsables.
Resulta que combatir el homicidio y brindar seguridad pública en general, es una función tanto a cargo de la Federación, como entidades federativas y los municipios, y no es renunciable.
Una cosa es el ámbito legal, y otra el deber político y moral, y las entidades o municipios que no tengan policía suficiente, tienen el deber de trabajar para la seguridad pública con las herramientas políticas y jurídicas a su cargo.
La profesionalización de las policías son deber del municipio y el estado a cargo, pero la profesionalización de todas las policías, incluidas las federales, es deber del Jefe del Ejecutivo.
Al reventar a la Policía Federal y cambiarla por un cuerpo militarizado, el presidente tenía el deber de profesionalizar, acreditar e imponer los filtros de confianza a la Guardia Nacional, pero no lo ha hecho.
Así que, si el homicidio aumenta o no baja, sobre los violentos de la delincuencia organizada, que combatirla es deber del fuero federal, por supuesto que es culpa y responsabilidad del Ejecutivo.
En cuanto a Samuel García, pues resulta que como gobernador de Nuevo León asumió el deber de defender los derechos humanos de sus gobernados, tales como el derecho al agua y a la electricidad.
Y aunque Samuel no pueda ir a abrir las puertas de las presas, ni tenga el de hacer llover, sí es responsable por la gestión, por hacer presión y por encontrar soluciones mediante el dialogo o la presión jurídica.
Con penita ajena, se oye a los politólogos hablar de que si fueron los dirigentes de los partidos, las marcas PRI o PRD, la injerencia del narco o del gobierno, pero de los abstencionistas, ni una palabra.
La responsabilidad de resultados electorales resulta que es responsabilidad de todos, como lo es la falta de agua, las fallas de electricidad, la polución del medio ambiente o las idioteces del Presidente.
Todos somos responsables, más, los que en silencio ven que cancelan obras que tenían un amplio espectro de crecimiento, que anula corporaciones que mediamente funcionaban, que se apapacha al narco, que usa dinero sucio para comprar votos.
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