En la mayoría de los países del primer mundo, donde la pandemia está siendo controlada con altos niveles de vacunación de la población, un nuevo fenómeno social está ocurriendo: el surgimiento de dos clases sociales, los vacunados y los que no quieren vacunarse.
Si mucha gente que ha caído en las falacias del movimiento anti Covid y anti vacunas, no se convenció de la realidad de la pandemia, ahora tendrán que repensar el tema que ha pasado de ser un caso de emergencia médica a un conflicto político, legal y social.
Me explico. En Canadá, se han venido estableciendo reglas federales y provinciales para obligar a la gente a vacunarse. Todos los empleados del gobierno federal, el personal médico, maestros y muchas compañías privadas han implementado órdenes legales para que su gente tenga sus vacunas para conservar sus trabajos. Incluso se está analizando la posibilidad de que, si algún trabajador se rehúsa a ser vacunado y es despedido, no tenga derecho al seguro de desempleo.
Eso es en el terreno laboral, en cuanto a la vida social, ahora será obligatorio estar vacunado para subirse a un avión o tomar un tren. Si uno quiere entrar a un restaurante, un bar, un gimnasio, al cine, un estadio o un auditorio, tendrá que estar vacunado.
Los hospitales, que también han impuesto la vacunación obligatoria entre su personal, ahora estudian la posibilidad de que toda persona que desee entrar acompañando o a visitar a un paciente, también deberá estar vacunado.
Por su parte, después de 20 meses con fronteras terrestres cerradas y bloqueo completo a gente de varias naciones, Estados Unidos anunció su reapertura a partir del 8 de noviembre. Hasta ahora era factible entrar al país vecino por aire solo presentando prueba negativa de Covid, pero las reglas han cambiado, ahora tendrán que presentar -en muchos casos- prueba negativa y comprobar que están vacunados.
La siguiente complicación es lo que cada país considera “estar totalmente vacunado”, pues cada nación aprobó distintas marcas de vacuna.
Todo esto presenta un nuevo esquema de clases sociales, la gente que por razones sanitarias y por convicción decidió vacunarse, sin saberlo, estaba dando un paso adelante para entrar al grupo privilegiado que podrá recuperar sus libertades de movilidad internacional, acceso a negocios y eventos sociales, pero sobre todo a conservar su empleo.
En una realidad que cambia a gran velocidad, solo hace unos meses, la idea era conseguir cualquier vacuna que estuviera disponible, porque la meta era estar protegido del Coronavirus; en muchos casos la gente se puso dos marcas diferentes de vacunas, unas veces vetado por las autoridades, otras veces impulsado por ellas mismas.
Ahora, el termino “completamente vacunado (al menos 2 dosis)” aplica únicamente a gente que recibió sus dos inyecciones de la misma marca.
Este laberinto pandémico, que empezó como una crisis sanitaria, pasó entonces al terreno político y legal, ahora toca el territorio de la vida diaria, la social. Canadá se negaba a seguir el ejemplo de los países europeos que desde hace meses empezaron a promover los pasaportes de salud, o sea la versión electrónica de las pruebas de vacunación, para facilitar esta interacción de la gente con los negocios y empleadores. Es más práctico tener un código digital que sacar papeles e identificaciones. El punto era hacer más expedito el trámite para comprobar tu nuevo estatus social.
Aunque en menor cantidad, ciertamente en Canadá hay gente que se opone a esta nueva diferenciación social y a las vacunas; algunos llevaron el caso a la corte argumentando que se violaban sus derechos humanos y libertades básicas. La respuesta fue tajante: en casos de salud pública, no hay violación a los derechos individuales.
México no ha llegado a este punto, pero ciertamente tendrá que hacerlo. Los primeros roces entre los ámbitos político, judicial y sanitario, es el caso del mandato judicial al parecer ganado por los ciudadanos para obligar el gobierno a “vacunar niños”.
Los niños vienen a ser una tercera clase social. En este caso, el criterio fundamental debe ser el científico, pues en Estados Unidos y Canadá, Pfizer ha tenido que realizar un intenso proceso de validación y muestreo (experimentación con menores) para definir la dosis apropiada y demostrar que no hay efectos adversos. Al momento la vacuna para mayores de 12 años ya fue aprobada, en breve sería aprobada la dosis especial para niños de 5 a 11 años.
En México el tema es muy delicado, pues a nivel mundial ha sido Pfizer la única farmacéutica aprobada para administrar su producto a menores de edad, y sabemos que en el país no hay suficientes vacunas de esa marca para cubrir la demanda. Involucrar partidos políticos, diputados y jueces para obligar al Estado a vacunar indiscriminadamente a niños de todas edades podría ser un acto más peligroso que abstenerse por ahora, y seguir los lineamientos de la ciencia.
Poco a poco el tema del Covid y sus vacunas sigue alterando el mundo como lo conocíamos y va dando forma a una nueva normalidad. Lo que era un tema de salud, después fue materia política, legal y ahora marca una diferencia en la estructura social: de un lado, gente con plenos derechos para usar medios de transporte, viajar, conservar su trabajo, ir a la escuela, entrar a un restaurante, divertirse en un bar o un partido de futbol… y, del otro, aquellos que no podrán hacerlo.
