Los niveles de impunidad en México se alimentan cada día por la ineficacia en la procuración e impartición de justicia. Se denuncian solo 7 de cada 100 delitos; de los denunciados, son escasos los que terminan en condena.
La inoperancia es evidente. Diversas organizaciones sociales han centrado sus esfuerzos en una Fiscalía que sirva y condicionan esa cualidad a la existencia de una Fiscalía autónoma del poder político.
La causa ha ganado muchos adeptos y han equiparado la negativa como un deseo de continuidad de la impunidad. Un enfrentamiento evidente con el próximo gobierno de López Obrador.
Sin embargo, a contracorriente hay voces calificadas que opinan que la eficacia de la Fiscalía depende justamente de su vinculación con el Poder Ejecutivo; sería un error garrafal conceder la tan cacareada autonomía.
Una de esas voces es la de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien abiertamente está en favor de que el titular del Ejecutivo mantenga una relación vinculante con el Fiscal.
En el diseño institucional propuesto por Laveaga la autonomía se concede únicamente a la Fiscalía Anticorrupción para perseguir a empresarios, políticos y funcionarios públicos.
Para el resto de los delitos, en los que hay que decidir prioridades y optimizar recursos, sugiere la unidad de mando del Ejecutivo.
En los últimos tres años, la realidad habló contundentemente. El celo político entre gobernadores y el Ejecutivo Federal dio al traste con la coordinación policial a un alto costo: los mayores niveles de criminalidad de la historia.
No se puede enfrentar al crimen organizado con fuerzas de seguridad y justicia desorganizadas.
