- Es una mala apuesta confiar en las buenas intenciones de los políticos.
La semana pasada le comentaba que el ejercicio de gobierno no se presenta en un vacío político, de hecho, quienes se encuentran en la oposición mantienen generalmente la postura de aprovechar los fallos de sus oponentes para “llevar agua a su molino”, nada extraño pues en una política partidista y en el juego democrático.
Le decía también que la crisis del agua por la que atraviesa el estado puede llevar al gobierno de Samuel García a naufragar en caso de que no sea correctamente manejada, sobre todo por lo que respecta a generar incertidumbre entre los ciudadanos que viven la falta de agua como una gran catástrofe y que, precisamente ante la incertidumbre de contar o no con ella, cambian sus patrones de consumo, pero además sienten como una traición el hecho de que, encima de soportar periodos sin el líquido, se les cobre lo que consumen.
Creo que me quedé corto en mi apreciación, no solo los grupos políticos locales están tratando de aprovechar la situación, algunos empresarios, como los transportistas, también lo están haciendo, ahí está el tarifazo que recetaron sin decir ¡agua va!
Y aunque el gobierno estatal salió rápidamente a señalar que no se había dado la autorización para tal aumento tarifario, el que algunos empresarios del transporte hayan decidido hacerlo por sus pistolas, nos muestra que ya hay quien considera que en este momento puede ser factible doblegar al gobierno de Samuel.
Lo mismo hicieron los diputados de los grupos priista, panista y morenista, quienes aprovecharon la falta de agua para promover una ley según la cual, ante la falta de servicio el usuario no esté obligado a pagar los recibos de aquella agua que sí haya consumido, esto por el hecho de que no tuvo el servicio las 24 horas del día, los 30 días del mes.
Una medida a todas luces populista y que en el mediano y largo plazo redundará en perjuicio de los usuarios del servicio de agua potable, como también repercutió en perjuicio de estos la cancelación del proyecto Monterrey VI, solo porque algunos grupos consideraron que era “caro”, sin darse cuenta de que el agua más cara es la que no se tiene.
Pero también el gobierno federal está tratando de llevar “agua a su molino”, al poner entre la espada y la pared a las empresas con las cuales no lleva buenas relaciones y pidiendo que bajen su producción con la finalidad de que entreguen el agua no utilizada a la población, lo cual parece una buena acción, sin embargo, es un regalo envenenado.
Por una parte, con esta iniciativa el gobierno federal se quita de encima un problema que en parte es suyo, ya que las aguas del país son federales, veamos si no el hecho de que El Cuchillo, que fue pagado por Nuevo León, debe ceder agua para uso agrícola en Tamaulipas, ya que así está estipulado por Conagua, que el agua de la cuenca pertenece a ese distrito de riego y Nuevo León no tiene los derechos sobre ella.
Pero, por otra parte, al pedir a las empresas que bajen su producción, nada impide que estas se vean en la necesidad de despedir a parte de los empleados que laboran en ellas y que, debido a ese parón en la producción, algunos de ellos no sean necesarios ya. Por supuesto que el gobierno federal no va a reponer a esos empleados sus ingresos.
Por su parte, un diputado de Movimiento Ciudadano propone, en reciprocidad a la propuesta sobre el no pago a AyD, que los ciudadanos de los municipios no paguen el predial si los gobiernos municipales, la mayoría de ellos pertenecientes al PRI, PAN Y MORENA, no cumplen con los servicios que deben, por ley, ofrecer a sus ciudadanos, o lo hacen de forma insuficiente.
En fin, hay indicios muy claros de que como estado podemos entrar en una espiral, ya sea descendente o ascendente, todo va a depender del oficio de nuestros políticos, aunque, seamos francos, confiar en sus buenas intenciones es una mala apuesta.
