Es imposible voltear hacia otro lado. Los sucesos de los últimos días en Querétaro y en México deben motivar un rechazo que no solo debe quedar en un reclamo a las autoridades. No debemos perder nuestra capacidad de asombro por los hechos que suceden, pero tampoco podemos dejarnos llevar por difícil que sea la situación para caer en extremos.
La pobreza de la discusión sobre la seguridad en Querétaro surge desde dos posturas falsas: señalar que Querétaro dejó de ser seguro y la contraria, asegurar que se mantiene como lo hacía hace 5 o 10 años.
Cuando hablas de frente con familiares de las víctimas recientes, puedes ver la rabia en sus ojos. La exigencia de justicia es legítima, el desgarre que provoca la pérdida de un familiar es algo que las lágrimas no pueden llevarse a pesar de los surcos que llegan a notarse en sus mejillas.
En twitter –recientemente adquirida por Elon Musk, por cierto- circuló de manera viral, el reclamo de la gente por el caso de Debanhi al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez. Reclamo merecido, justo y que sin duda habrá servido a la pareja gubernamental para poner los pies en la tierra.
Sin embargo, después de lo obvio, el pensamiento que no puedo sacarme de la cabeza es: qué pueden hacer los gobernantes para frenar esta ola de violencia contra las mujeres. Exigimos que ninguna niña, adolescente o mujer vuelva a sentirse insegura en las calles. Pensemos un segundo, exactamente qué exigimos a las autoridades.
Mi primer pensamiento, casi por inercia fue: incrementar las penas. Eso está en el ámbito gubernamental, involucra tanto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En aquella plática con familiares de las víctimas, ellos imploraban a las autoridades, poner en la discusión legislativa la pena de muerte para feminicidas y violadores, sobre todo cuando el delito sea cometido contra menores de edad.
Las penas que sancionan los delitos de homicidio en Querétaro rondan los 50 años, mientras que el delito de secuestro se castiga hasta con 70 años.
Cualquiera entendería la petición, parece justa viniendo de las víctimas indirectas. Lamentablemente no es una opción, pues además de inconstitucional, la pena de muerte es utilizada cada vez menos en los países que la contemplan y existe una fuerte presión sobre sus sistemas de justicia.
En el 2020, se redujo en un 26% el número de ejecuciones a nivel mundial por pena de muerte, inclusive en los países donde más se aplica como Arabia Saudita e Irak. Mientras que países como Kazajistán, iniciaron las vías legales para abolir la pena y Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistan o Sudán no registraron ningún caso. Rusia, Gambia, Malasia y Tayikistán aplicaron la moratoria de las ejecuciones, mientras que, en Estados Unidos, existen 22 estados que abolieron la pena de muerte y se han suspendido ejecuciones ordenadas por los gobernadores en California, Oregón y Pensilvania.
El riesgo de la pena de muerte ha quedado evidenciado, por lo menos en Estados Unidos con el caso de la mexicana, Melissa Lucio, quien está condenada a pena de muerte desde hace 15 años y la cual se ha ido aplazando debido a evidencia que apunta a su posible inocencia.
Melissa se ha convertido en un símbolo del riesgo de condenas erróneas en Estados Unidos y su ejecución programada para el 27 de abril fue postergada ante las crecientes dudas sobre el caso.
Además, los expertos han comprobado una y otra vez que el endurecimiento de las penas, no significa la disminución del delito.
Entonces ¿cómo frenar la violencia?
La otra cara de la moneda, la tienen países pacifistas como Islandia, donde los crímenes violentos son prácticamente inexistentes, no tienen conflictos ni problemáticas internas. Su policía no lleva armas de fuego y el último evento en donde las autoridades debieron abrir fuego, se registró en 2013.
Nueva Zelanda es otro ejemplo de un país tolerante y sin conflictos extremos que basa su seguridad en una política de cero corrupción. De esta forma el sistema de justicia garantiza resultados y la tasa de denuncias es muy alta.
Desde luego, en estos países la desigualdad social es muy poca, la diferencia entre las clases alta, media y baja no crea tensión económica y el 97 por ciento de la población se identifica como clase media o trabajadora. Otro de los factores es el bajo consumo de drogas, por ejemplo, solo el 0.9 por ciento de la población entre 15 y 64 años dijo haber consumido cocaína.
Finalmente, el tema de educación con perspectiva de género, sobre todo para nuestros niños varones a temprana edad es fundamental. No es coincidencia que Islandia ocupa por duodécimo año consecutivo el primer puesto del ranking de países con mayor igualdad de género en el mundo, junto a Finlandia y Noruega. Este Índice Global de Brecha de Género muestra a México en la posición 25.
Mientras tanto en Querétaro se tiene una inversión histórica en materia de seguridad, con 4 mil millones de pesos, que deberán verse reflejadas en cámaras, postes de seguridad y mejor equipamiento para nuestros policías.
Hay mucho, pero mucho trabajo por hacer.
Y ya metidos en temas de leyes, ahí va una de abogados.
Resulta que un tuit mal redactado –otra vez la flamante red social de Elon Musk- de la cuenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro, ha hecho enardecer los ánimos de los abogados independientes queretanos.
Toda vez que se mencionó la entrega de credenciales a los integrantes del Colegio de Abogados Litigantes en Querétaro, un “documento que agilizará los trámites ante los jueces”.
Este comentario hizo que los abogados no agremiados se quejen –con justa razón- de discriminación; es decir, entonces la justicia pronta y expedita solo se impartirá en casos en donde los abogados sean colegiados de esta agrupación.
¿Y la libertad de asociación? Esperemos que el asunto solo haya sido un tema de redacción y que las famosas credenciales del Colegio de Abogados solo sean con fines de identificación y nada más.
