Chicago, IL.- El investigador Luis Darío Ángeles González, de la organización civil Impunidad Cero, divulgó un análisis sobre el actuar de la Secretaría de la Función Pública (SPF), encargada de sancionar los malos manejos de los funcionarios federales mexicanos.
Aquí algunos de los hallazgos del estudio: La SFP sólo castiga el 13 por ciento de las denuncias por corrupción que recibe. Por ejemplo, entre 2012 y 2016 la institución expidió 45,108 sanciones por malas prácticas o irregularidades administrativas. No obstante, solamente 13,010 terminaron en penalidades firmes; es decir, únicamente el 28 por ciento del total.
Lo que resulta todavía más sorprendente es que de las decenas de miles de sanciones, la Secretaría de la Función Pública sólo ordenó la destitución de 404 funcionarios y 779 casos terminaron en alguna sanción económica.
El análisis “Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción” concluye que a pesar de que la SFP produce miles de amonestaciones, lo cierto es que la impunidad que producen sus acciones alcanza niveles muy elevados.
Veamos las cifras: la Secretaría de la Función Pública en promedio sanciona solamente el 13.4 por ciento de las denuncias que recibe. Es decir, la impunidad en la Administración Pública Federal alcanza el 86.6%. Pero a eso añádale que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula casi el 42 por ciento de las sanciones, lo que eleva la impunidad al 92 por ciento.
Otra joya del análisis es que el 40% de las sanciones emitidas por la SFP quedan resueltas con una amonestación pública o privada. Además, desde su creación en el 2002, la instancia encargada de investigar los malos manejos de funcionarios federales ha impuesto 16 mil multas económicas por 34,855 millones de pesos, pero sólo ha logrado recuperar 158 millones de pesos.
La impunidad de la que gozan los funcionarios públicos mexicanos deriva de la falta de acciones contundentes en su contra. La Secretaría de la Función Pública debe desaparecer porque incumple con su principal cometido y a estas alturas está infestada de cómplices.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser instaurado desde cero, bajo la responsabilidad de ciudadanos ajenos a las esferas del poder, con deseos de sanear y salvar al país para las nuevas generaciones.
