Claramente la Reforma Electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador se va a quedar en el basurero de la historia de donde nunca debió haber salido.
Difícil que partidos minoritarios quieran perder opciones para tener legisladores, financiamiento público y dejen como árbitro a quien nunca ha aceptado un resultado electoral adverso.
Más allá de trasnochadas como consejeros electorales electos por voto popular, un único organismo electoral, López Obrador hace un último intento para anular de facto la República
A López no le vayan con ese cuento de que la ley es la ley o de que la Republica debe ser representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos.
El único plan de gobierno que ha tenido López Obrador desde la noche del 1 de julio de 2018, es la de reventar las instituciones de control y perpetuarse en el poder.
Fuera de sus infiernitos y sus comedias, el gobierno de López Obrador solamente tiene fracasos para mostrar: Mató al Seguro Popular y su reemplazo, el Insabi, nació muerto.
Mató el proyecto de un aeropuerto de primer mundo, y parió un aeropuerto de rancho, pero a un costo que suman ambos, y por ello es el aeropuerto más caro del mundo.
Al igual que con la Reforma Energética, la de Salud, la Educativa, López intenta quitarles soberanía a los gobiernos de la Federación, y que todo se maneje desde Palacio Nacional.
Tirar al INE y al Trife para que no existan en 2024 y que solamente él maneje el proceso electoral, son sueños macuspanos que no logrará por vía republicana
Nadie quiere a López de árbitro de la democracia, como nadie quiere que los sindicatos petroleros, electricistas y magisterial, manejen, como lo hacen, la energía y la educación.
Tres fracasos dominicales en las últimas tres semanas, debilitan al dictador en ciernes y los votos acarreados o coaccionado no alcanzan para perpetuarse o crear un Maximato.
Con ese maquiavelismo ramplón que lo caracteriza, el macuspano pone de zanahoria anular escaños plurinominales y disminuir el costo de los procesos democráticos.
Para el efecto, busca quitarle el financiamiento público a partidos políticos sin que tengan opción a financiamiento privado y con ello abaratar, en todos sentidos, el proceso democrático.
Chistoso, por lo menos, es el “grupo de trabajo”, encabezado por Adán Augusto López Hernández, en los que todos son del mismo grupo políticos y ninguno es constitucionalista.
“El grupo” presentado por López Hernández, incluye a los exlegisladores plurinominales Horacio Duarte y al decano de la representación proporcional, Pablo Gómez.
Gómez, economista, comunista de prosapia, huesero, ha cobrado 40 años de su larga vida, salarios como legislador plurinominal o como funcionario de partido, gracias al financiamiento público.
A sus 76 años, Pablo Gómez fue seis veces diputado, senador plurinominal, y dirigente del Partido Comunista, del PSUM y del PRD, así que su vocación de demócrata es muy cuestionable.
El jueves, Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que el modelo centralista “dará al país un sistema electoral seguro, que respete el voto y garantice la honradez y legalidad”
Duarte, cuatro veces diputado, y titular de la Agencia Nacional de Aduanas pondera como democracia abrogar los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales electorales locales.
Pero verdaderamente malo es que la Reformita va a ser usada para enrarecer el ambiente, debilitar la democracia y publicitar al aspirante a dictador como campeón de la democracia.
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