Activistas y especialistas en temas de cuidado y manejo del agua solicitaron formalmente al gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, aplique el veto a la Ley que Regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, aprobada la semana parada en el Congreso local.
Mediante un oficio entregado en la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo del Estado, este lunes, los activistas piden, además al mandatario estatal que se elabore una nueva ley en la materia.
“Estamos convencidas/os que vetar esta Ley y proceder a elaborar una Ley de Aguas del Estado de Querétaro, representa una verdadera oportunidad para que el Estado recobre la rectoría en la materia hídrica, se fortalezca al organismo operador estatal y los municipales, y se garantice el derecho humano al agua y su saneamiento, partiendo de una visión ecosistémica que toma en cuenta a las cuencas hidrológicas e hidrográficas, así como a sus servicios ambientales”, refieren.
El documento es respaldado por ambientalistas como América Vizcaíno, Federico Orozco, Manuel De Anda, Diana Laura Juárez, Víctor Manuel Ávalos y Izarelly Rosill, entre otros refiere diversas razones para que el titular del Poder Ejecutivo Estatal vete la nueva ley de aguas y nombran a Enrique Uribarren Castro como su representante.
Piden, además, que se proceda a la elaboración de una Ley de Aguas del Estado de Querétaro y una Ley Orgánica de Organismos Públicos Operadores de Agua del Estado de Querétaro
“Desde que se dieron a conocer las iniciativas de «Iniciativa de Ley de Aguas del Estado de Querétaro e iniciativa de Ley que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro” hemos planteando nuestra oposición y formulado nuestras diferencias y propuestas, que fueron expresadas por los diferentes medios a los que tuvimos alcance. Se trataba de iniciativas que no garantizaban el Derecho Humano al Agua.
“Eran contrarías a disposiciones constitucionales y la ley federal en la materia. Al permitir trasladar el servicio de suministro de agua potable a un particular o empresa privada, las convierte en iniciativas privatizadoras”, señalan.
