*Lo elaborará el nuevo Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia
A partir del próximo 1 de mayo, en Querétaro se creará un registro de personas que incumplan los acuerdos conciliatorios celebrados por medios alternativos de solución de controversias o conflictos.
Esto como parte de la creación del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, organismo que, entrará en operación ese mismo día.
Este nuevo organismo, que forma parte del paquete de reformas legales impulsadas por el Ejecutivo estatal en materia penal tiene como objetivo promover políticas públicas orientadas a la cultura para la paz, la prevención social de la violencia y de la delincuencia, con la participación ciudadana.
La ley para la creación de este nuevo Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro fue aprobada en la más reciente sesión de pleno del Congreso estatal y entrará en vigor antes de dos semanas, según uno de los artículos transitorios del mismo ordenamiento legal.
“El Centro de Prevención Social de la Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro tiene por objeto planear, diseñar, implementar, coordinar, supervisar, evaluar, difundir y promover políticas públicas, programas y acciones orientadas a la cultura para la paz, la prevención social de la violencia y de la delincuencia con participación comunitaria o ciudadana y fomentar la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos”, se lee en el artículo 33 de la ley que crea al organ ismo.
Asimismo, se indica que el centro tendrá entre sus atribuciones la de promover la cultura de paz, la legalidad, la prevención social del delito y la violencia, así como la participación comunitaria, la justicia cívica y cotidiana, y el respeto a los derechos humanos.
También deberá establecer mecanismos efectivos de coordinación con los sectores público, privado, social y la comunidad en general, para la planeación e implementación de acciones en materia de prevención social.
Para ello deberá impulsar la elaboración de estudios e investigaciones, e integrar la información que permita conocer el contexto de seguridad pública del estado relacionado con las causas generadoras de conductas delictivas o antisociales, su distribución geográfica y su comportamiento histórico.
