En México un total de 10 gobernadores de igual número de entidades federativas, han enfrentado procesos judiciales por diferentes delitos, desde lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado, entre otros.
De los 10 gobernadores que han enfrentado procesos judiciales, 8 salieron de las filas del PRI, solamente uno del PAN y el último llegó al poder por la vía independiente.
El primero de ellos fue Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo en el periodo del 1993 al 1999, emanado de las filas del PRI y quien fue acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud, además de proteger al Cartel del Golfo, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”.
Fue sentenciado a una condena de 28 años de prisión, sin embargo, en 2020, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
El segundo fue Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas en el periodo de 1999 al 2004, de extracción priísta, se declaró culpable por el delito de lavado de dinero y aceptar sobornos por más de tres millones de dólares, recursos ilícitos que empleó para adquirir bienes raíces en Estados Unidos.
Fue puesto bajo custodia en Italia, con una orden de arresto provisional basada en la acusación presentada en mayo de 2013.
Aunque Yarrington impugnó la extradición, las autoridades italianas finalmente autorizaron su extradición a los Estados Unidos. Llegó en abril de 2018 donde ha permanecido bajo custodia.
También de extracción priísta, se encuentra Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco del 2007 al 2012 y fue acusado de peculado.
Resultó exonerado en 2019. Tras esa absolución, Granier hizo una contrademanda en la que acusó a Arturo Núñez de dolo en las acusaciones que lo llevaron a prisión.
El cuarto fue Guillermo Padrés, gobernador de Sonora del año 2009 al 2015, emanado del PAN, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos procesos penales en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero y otro por defraudación fiscal.
El proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se inició en 2014, mientras que por defraudación a Hacienda arrancó en 2016.
En 2019 fue liberado del Reclusorio Norte luego de pagar 100 millones de pesos.
El quinto gobernador acusado fue el priísta Javier Duarte de Veracruz, quien ejerció del 2010 al 2016, tras ser acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa y obtuvo una condena de tan solo 9 años de prisión.
El sexto fue César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016, político emanado del tricolor que fue acusado de daño al erario, peculado, peculado agravado y delitos electorales por más de mil 300 millones de pesos.
El 26 de enero de 2021, fue dictaminada su extradición a México.
El séptimo fue Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila, en el año 2011, emanado del tricolor, fue acusado de lavado de dinero y purgó una condena de tres años de prisión en Estados Unidos.
También por el PRI, en octava posición se encuentra Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit del año 2011 al 2017, fue acusado de lavado de dinero por la compra de cinco inmuebles valuados en 222 millones de dólares, ocultando el origen de los recursos en operaciones realizadas de 2009 a 2015.
También por parte del tricolor se encuentra Jesús Reyna García, gobernador interino de Michoacán, durante el año 2013.
Fue acusado de tener nexos con el narcotráfico, principalmente con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder del Cartel de Los Caballeros Templarios.
Permaneció detenido, sin juicio, ni sentencia durante 4 años y 8 meses hasta que la entonces PGR, se desistió de las acusaciones en diciembre de 2018, en virtud de que no acreditó su culpabilidad.
Y el último fue Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, gobernador de Nuevo León del año 2015 al 2021.
Llegó a la gubernatura por la vía independiente y fue acusado de presunto desvío de recursos y actualmente permanece en resguardo en el Penal 2 del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Apodaca en Nuevo León.
