Como parte de su 2do Informe de Actividades Legislativas, la Diputada Federal del PAN por el 1er Distrito de Querétaro, aseguró que durante este año le ha dado prioridad a las reformas encaminadas a la erradicación de la violencia de género y la protección de las niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, expresó que a nivel nacional se vive un contexto en donde se ha registrado un aumento en los delitos de violencia contra la mujer, principalmente durante la etapa de confinamiento provocada por la pandemia de Covid-19, sin embargo, la situación fue varias veces minimizada por el gobierno federal.
“A pesar de que las voces de niñas, adolescentes, mujeres, profesionistas, madres y abuelas han sido ignoradas por el gobierno federal. Durante este segundo año legislativo, trabajé para que fueran aprobadas leyes encaminadas a erradicar la violencia de género en México. Para mí las mujeres sí son una prioridad”, dijo.
La legisladora expresó que en este sentido fueron aprobadas reformas como la que incorporó el delito de violencia digital para prevenir actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y divulgación de información privada o contenido de carácter sexual sin consentimiento a través de las tecnologías de información.
También se aprobaron reformas para prevenir la violencia obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio, así como para obligar al gobierno federal a adoptar políticas públicas encaminadas a eliminar la brecha salarial entre hombre y mujeres.
Y finalmente explicó que respaldó las leyes para eliminar la violencia política en razón de género y para incrementar las penas para el delito de feminicidios de 45 a 65 años de cárcel.
“En los temas de género, las mujeres podremos tener puntos de vista distintos en temas complejos, pero lo que es innegable es que este año, también ha sido marcado por la lucha contra la violencia que sufren las mujeres en México”, expresó.
En cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes, Rocha Acosta expresó que votó a favor de la ley para garantizar el derecho de los menores a una vida libre de violencia, así como el acceso a la justicia infantil en comunidades indígenas.
Otra de las reformas aprobadas fue la de otorgar a las madres y padres trabajadores al servicio del Estado una licencia por la adopción de un infante y una más para garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños con base en el interés superior de la niñez.
