El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al no concretarse la venta del avión presidencial, luego de estar un año en una instalación de mantenimiento en Estados Unidos, la aeronave regresará a territorio nacional.
La Fuerza Aérea Mexicana resguardará el TP-01 para su exhibición y venta junto a aeronaves adquiridas en las pasadas administraciones con la finalidad de transportar servidores públicos.
“Se tomó la decisión de vender los aviones, los helicópteros que se utilizaban para transportar a funcionarios del más alto nivel; aviones de lujo que nada tienen que ver con la realidad de pobreza que existe en nuestro país. Había dos mundos: el mundo del pueblo y el mundo de los gobernantes. Dos esferas distintas. Mientras la gente no tiene ni para lo más indispensable, para lo básico, los funcionarios con dinero del pueblo se sentían reyes”, expresó.
En conferencia de prensa matutina sostuvo que “es un proceso complejo el de la venta de los aviones. En todo este proceso que ya se inició hemos contado con el apoyo de la Oficina de Transparencia de la ONU para que no se rematen los aviones a precios bajos, sino que sea a partir de avalúos y que se lleve a cabo un seguimiento transparente”.
Agregó que, desde el inicio, la compra del avión presidencial fue una mala operación del gobierno de Felipe Calderón, por lo que “ya queremos resolver este asunto”.
Indicó que se analizan tres alternativas en el destino de este avión privado de lujo: venta a un solo comprador, compartida a partir de acciones a una sociedad de 12 empresas para que puedan utilizarlo en viajes de sus ejecutivos y renta por hora.
El mandatario reafirmó que los únicos aviones que conservará el Estado son los que se utilizan al servicio de la población en tareas de seguridad, protección civil y atención a emergencias médicas, como equipos contra incendios o ambulancias aéreas, piloteados por personal del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Marina.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a cargo de este procedimiento, identificó 72 aeronaves que no beneficiaban al pueblo de México: 33 aviones y 39 helicópteros dedicados al transporte ejecutivo de funcionarios de ocho instituciones.
Dentro de éstas se encuentra incluido el avión presidencial; 38 serán comercializadas por la Fiscalía General de la República; una será enajenada por Pemex a un tercero; cuatro se encuentran en mantenimiento y 28 corresponden a la convocatoria emitida este día.
De esas, 19 son aviones y nueve helicópteros: ocho de presidencia, cuatro de la Policía Federal y Guardia Nacional, cinco de la Sedena, cuatro de la Semar, dos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dos de Pemex y tres de la Comisión Nacional del Agua.
Al vender todas a un valor mínimo de avalúo, se espera recuperar más de 2 mil 500 millones de pesos.
Las aeronaves serán adjudicadas a quien presente la oferta más alta considerando el valor mínimo de venta, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, y pueden participar en la compra desde una aeronave.
El registro estará abierto hasta el 31 de enero en la plataforma https://www.ungm.org/Public/Notice/102492.
