La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega consideró que el convenio de seguridad para el ordenamiento de los establecimientos nocturnos que fue firmado por 17 municipios y la Secretaría de Gobierno, podría ser ilegal y no viene acompañado de recursos y facultades para hacer cumplir algunos de los puntos acordados.
En un video en el que titula “¿Por qué caderita no firmó el Convenio en materia de seguridad con la Secretaría de Gobierno estatal?”, la alcaldesa expresó que como responsable de la administración, no puede firmar ningún acuerdo que contravenga a las leyes vigentes en el estado de Querétaro y los derechos humanos, lo cual observó en varias cláusulas por lo cual solicitó más tiempo para analizarlo y solicitó a la Secretaría de Gobierno la modificación de las mismas.
“Es mi responsabilidad como presidenta municipal revisar a conciencia todo lo que se vaya a firmar a nombre del municipio, por lo que tuvimos que solicitar más tiempo para dicha revisión, por ello, acordamos una reunión con el equipo jurídico de la Secretaría de Gobierno para revisar y solicitar la modificación de algunas cláusulas del Convenio, ya que contienen disposiciones que por su naturaleza podrían contravenir a otras leyes del mismo estado de Querétaro, no se puede acordar algo contrario a las disposiciones normativas vigentes”, dijo.
La alcaldesa enumera hechos como la falta de sustento legal o jurídico para los mecanismos de supervisión, debido a que estos no están previstos en ninguna ley, ante lo cual dijo, podrían aplicarse a contentillo de la autoridad.
“Se exponen mecanismos de supervisión que no cuentan con un sustento legal o jurídico para su implementación, es decir, estos mecanismos no están o no existen en ninguna ley, en un reglamento o en un manual, por lo que el cumplimiento de esa cláusula podría estar sujeta al libre albedrío de las autoridades, dicho de otra manera, podría aplicarse a uno sí y a otros no, dependiendo del humor de cada quien”, dijo.
Finalmente expresó que el convenio tampoco establece si Cadereyta contará con un aumento de presupuesto para ayudar a aplicar estas normativas y cae el riesgo de violentar procesos administrativos a caer en responsabilidades administrativas en su contra.
“No se establece si, por ejemplo, vamos a contar con un aumento en el presupuesto que nos ayude a adquirir las herramientas para su correcto cumplimiento, de haberle firmado, así como estaba estaríamos asumiendo una responsabilidad a sabiendas de que no se nos están garantizando los medios para cumplirla y de que carece un de fundamento jurídico. Además de pues correr el riesgo de caer en la violación del debido proceso de un acto administrativo, pudiendo generar su nulidad o peor responsabilidades administrativas en nuestra contra”, dijo.
Aseguró que se presentará una ficha técnica con las observaciones y solicitudes de modificación a la Secretaría de Gobierno.
