Habitantes de la comunidad de La Mariola, en el municipio de El Marqués, denunciaron afectaciones a la salud, daños en viviendas y problemas en la infraestructura sanitaria derivados de la explotación de un banco de materiales cercano a la zona habitacional.
Durante una rueda de prensa de la senadora, Beatriz Robles, la representante de la comunidad, Leticia Carpintero, aseguró que la situación se ha agravado debido a la cercanía de las excavaciones con las casas y el drenaje.
“El problema que está ahí ya es muy grande porque el drenaje no lo están quitando, ya varias partes del drenaje ya no existe. Entonces el drenaje ya está muy cerca a la comunidad. Los niños se están enfermando, diarrea, vómito, todo eso porque ya el olor se sube”, declaró.
La vecina señaló que han intentado dialogar con el encargado del banco de materiales y con autoridades municipales sin obtener respuesta, además de acusar abandono por parte de los gobiernos.
“Siempre hemos ido hasta con las autoridades de El Marqués, hemos venido aquí también a Querétaro y nada más nos dan largas. Nunca se han parado a la comunidad, estamos totalmente en el olvido.
“Las casas se nos han cuarteado por las máquinas que hacen, o sea traen martillo. Entonces las casas se han cuarteado, hacen huecos por abajo, ya es muy intenso ese banco”, afirmó.
Por su parte, la senadora de Morena, Beatriz Robles, informó que buscarán acercarse a autoridades ambientales y municipales para revisar los permisos de explotación y atender las denuncias de las aproximadamente 120 familias que habitan en la comunidad.
“Hay un banco de materiales, una mina de materiales que se está explotando en esta comunidad que realmente ya le preocupa a la gente porque ya hay daños estructurales en algunas casas. Ellos no tuvieron en ningún momento ninguna consulta en la que les preguntaran o les avisaran o les comunicaran que esto iba a suceder”, declaró.
Robles señaló que solicitarán la intervención de autoridades municipales, estatales, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y organismos de derechos humanos para revisar los permisos de explotación, los impactos ambientales y las posibles afectaciones a la población.