El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pagó más de 34 millones de dólares por servicios de espionaje a la empresa Integra Software, propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
Según documentos filtrados a varios medios de comunicación locales, revelan que rentaba servicios de espionaje bajo contrato, para conocer la ubicación, información y conversaciones de sus opositores por medio de sus tabletas, computadoras y teléfonos celulares.
En total, Aureoles Conejo destinó 34 millones 700 mil pesos a los servicios de espionaje, cifra 100 por ciento mayor a la que destinó a la salud en el 2020, pese a la llegada de la contingencia sanitaria.
Los documentos no revelan los nombres de las personas que eran objeto de espionaje por parte de Aureoles y solamente evidencia que el contrato se mantuvo por cerca de dos años.
Recientemente el exmandatario michoacano, que ha sido constantemente acusado de despilfarros y corrupción en su administración, salió a desmentir que había convertido Casa de Gobierno en un bunker de escape, repleto de lujos y excesos.
Sin embargo, las acusaciones por espionaje con contratos multimillonarios a Álvarez Puga que se encuentra prófugo de la justicia, ha guardado silencio total.
Aureoles, salió de la administración purépecha, en medio de una ola de manifestación por la retahíla de endeudamientos que arrastraba con trabajadores del sector educativo, la clase burocrática, proveedores y pequeños empresarios que prestaron servicios al gobierno del Estado, con la promesa de que les pagarían a la brevedad.
Mientras el exmandatario purépecha, destinaba millones de dólares para el espionaje, campesinos y productores se quejaban de la falta de pago del programa estrella gubernamental implementado por Aureoles, que trataba en la compra de tractores en el cual el gobierno pagaría el 50 por ciento y el resto los beneficiados.
Sin embargo, los tractores fueron retirados a los campesinos, luego de que Aureoles no cumpliera con su parte y los supuestos beneficiados, perdieron el pago que habían otorgado y el automotor para el desempeño de su labor.