El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la 59 Legislatura local, presentó un conjunto de reformas que endurecen penas en diversos tipos delictivos.
En conferencia de prensa, los panistas dieron a conocer que han propuesto diversas reformas al Código Penal del Estado con la finalidad de tener herramientas que permitan proteger a las familias queretanas.
Los legisladores informaron que con esta iniciativa se suman al trabajo emprendido por el gobernador, Francisco Domínguez Servién para proteger y defender a la ciudadanía desde diversos frentes.
La primera reforma busca castigar con 1 o hasta 3 años de prisión a quienes obtengan y divulguen las imágenes de las partes íntimas o genitales del cuerpo de una persona sin su consentimiento; también se contempla castigar a quien amenace con difundir imágenes eróticas o sexuales de una persona.
En materia de Delitos contra la Seguridad Pública, se impondrán penas de 1 o 5 años de prisión a quienes porten objetos o instrumentos que sirvan para alterar o forzar cerraduras y dispositivos de seguridad tanto físicos como electrónicos.
También se castigará a quien altere las placas de circulación de vehículos, así como a las personas que tengan conocimiento de que los inmuebles o vehículos de su propiedad son usados para la comisión de un delito y no den aviso a la autoridad correspondiente.
En los delitos correspondientes a la usurpación de funciones, las reformas buscan imponer una pena de 3 meses o hasta 5 años de prisión a todos aquellos que sin un fin lícito porten o utilicen objetos, vestimenta, insignias o equipos de las corporaciones policiales o de las instituciones de seguridad, así como a quienes comercialicen o falsifiquen objetos, vestimenta, insignias o equipos de las corporaciones policiales o de las instituciones de seguridad,
Las reformas contemplan castigar con 3 o 9 años de prisión a las personas que alteren o dañen el lugar donde se desarrolló un hecho delictivo, así como a quienes sustraigan objetos o evidencia de alguna escena del crimen. Si se trata de un servidor público se podría aplicar la destitución del cargo y la inhabilitación por 15 años.
Se castigará con hasta 6 años de cárcel o en su caso inhabilitación por 15 años a los servidores públicos que traten asuntos de su competencia fuera de las audiencias judiciales; también se sancionará a los abogados defensores, litigantes y representantes jurídicos en materia penal que actúen fuera del marco de la legalidad.
Por último, se impondrán penas de 10 a 50 días de multa y de 5 meses o hasta 2 años de prisión para quienes quebranten no solo las sanciones judiciales, sino también las sanciones administrativas de privación o inhabilitación de derechos y funciones.