Querétaro se sumó a las entidades que buscan prohibir la venta de productos chatarra a menores de edad luego de que legisladores de Morena presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso local una iniciativa de Ley que busca prohibir la venta de productos con alto valor calórico a menores de edad.
Los legisladores locales por Morena, Laura Polo Herrera y Mauricio Ruiz Olaes, presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Salud, Educación y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de Querétaro, para prevenir la obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con los legisladores locales, dicha iniciativa, tiene como objetivo primordial prevenir la obesidad y sobrepeso en los infantes y adolescentes.
“Poniendo como base que el artículo cuarto de la Constitución Federal señala expresamente que el Estado Mexicano debe velar por el interés superior de las y los menores, el cual está por encima de cualquier otro interés, es importante inhibir el consumo de alimentos chatarra, así como gravar con más impuestos y que todos los productos tengan etiquetados frontales”, señaló la diputada Laura Polo.
La legisladora morenista afirmó que, en el estado de Querétaro, es indispensable proteger el bien superior de la niñez y los adolescentes, por lo que presenta esta iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a los menores de edad.
“Esta iniciativa nace cuando por motivo de la pandemia, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, informó que cuatro de cada diez niños tienen obesidad y es realmente preocupante, por ello el Estado Mexicano ha hecho esfuerzos para disminuir el consumo de productos azucarados y con grasas saturadas. Esta prohibición traslada la responsabilidad de los padres de familia, pues ellos serán los que decidirán si comprar productos chatarra o no”, informó.
Laura Polo explicó que la iniciativa busca que padres y tutores ejerzan su responsabilidad en la alimentación de las y los menores, ya que serán estos los que decidirán si entregan o no la comida chatarra a quienes tienen bajo su tutela.
Además, la propuesta busca ampliar las facultades de las autoridades de salud, educativas y mandata a los municipios para que, a más tardar, en seis meses aprueben las medidas administrativas para el cumplimiento y vigilancia.