La delegación de la Comisión Nacional del Agua en Querétaro enfrenta una crisis operativa que ya impacta directamente a comunidades enteras. Mientras crecen las denuncias por presunta extracción irregular de agua, la respuesta institucional se diluye entre falta de personal, operativos limitados y una estrategia que parece rebasada por la realidad.
Habitantes de al menos dos zonas —en Sta. Rosa Jáuregui, sobre el camino a Montenegro, y en la carretera a Tlacote, a la altura de la empresa AgroGen— han denunciado la operación de pozos que, aseguran, han provocado una disminución en el suministro de agua. A pesar de la gravedad del señalamiento, la autoridad reconoce que las inspecciones no son inmediatas, sino que apenas se “calendarizan”.
El propio director, José Gerardo Sinecio Ríos, admite una realidad preocupante: solo cuatro inspectores para todo el estado. Aunque intenta matizar la situación al llamarla “un reto” y no una limitación, los números lo contradicen.
Desde su llegada al cargo, se han realizado apenas diez inspecciones, cubriendo alrededor de veinte “rubros”. Es decir, en una entidad con múltiples conflictos hídricos, la acción institucional se reduce a intervenciones mínimas que difícilmente pueden considerarse suficientes frente al tamaño del problema.
El discurso oficial insiste en que la falta de personal “no es pretexto” y que se cumplen metas establecidas desde oficinas centrales. Sin embargo, la realidad en campo refleja otra cosa: denuncias que esperan, inspecciones que se postergan y comunidades que ven cómo disminuye su acceso al agua sin respuestas concretas.
Más aún, la negativa del funcionario a transparentar los llamados “focos rojos” bajo el argumento de no alertar a posibles infractores deja entrever una política de opacidad que poco abona a la confianza ciudadana. En lugar de informar y prevenir, la estrategia parece centrarse en administrar la crisis con los recursos mínimos disponibles.
El contraste es evidente: mientras en zonas serranas se reporta extracción ilegal de materiales, en la zona metropolitana proliferan prácticas como la venta irregular de agua en pipas, una de las faltas más graves contempladas por la ley. Aun así, la capacidad de respuesta institucional sigue siendo marginal.