El legislador local panista, Agustín Dorantes, del PAN, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso local una iniciativa de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan ecocidio en el estado.
De acuerdo con la propuesta, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, en materia ambiental, de manera que quienes cometan este tipo de delitos sean sancionados con penas de prisión.
En representación de los legisladores Verónica Hernández, de Acción Nacional y Jorge Herrera, del Partido Verde Ecologista de México, Dorantes Lambarri sostuvo que con esta iniciativa se proponen adicionar dos fracciones al artículo 246-A; la fracción VII, para sancionar el “desmonte o destrucción de la vegetación”, cuando dichas conductas se realicen en áreas que no sean de vegetación forestal de competencia federal.
Además, se modifica la fracción VIII, para sancionar a quien intencionalmente “corte”, “arranque”, “derribe” o “tale” algún o algunos árboles, cuando dichas conductas se ejecuten en una zona urbana.
Ambas acciones serán penadas con cárcel y multa económica si son causadas intencionalmente y si no cuentan con los permisos correspondientes. Las sanciones van desde dos meses a ocho años de prisión.
También, explicó que con estas reformas se propone aumentar la pena económica de los delitos ambientales, actualmente contemplados en el Código Penal local, para pasar de 200 a 300 y de 500 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, con la iniciativa las multas irán de los 25 mil 347 pesos a 168 mil 980 pesos.
“Será la Secretaría de Servicios Públicos Municipales la que autorice el desmonte y tala de árboles en áreas públicas o privadas. Ya que, si no actuamos en coordinación legisladores, autoridades y sociedad la protección del medio ambiente no será posible. Vamos juntos hacia un Querétaro con un crecimiento ordenado y sostenible”, refirió Dorantes.
Adicionalmente se propone reformar el artículo 246 – C para ampliar el margen de cobertura normativa de las hasta ahora 435 mil hectáreas de suelo protegido del Estado, con el objetivo de proteger y salvaguardar los pulmones de Querétaro.
En este apartado se considerarán las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, las zonas de preservación ecológica de centros de población declaradas por los municipios, o unidades de gestión ambiental con política principal de protección o restauración ecológica, establecida en los Programas de Ordenamiento Ecológico Local de los municipios.