La bandera que enarbola el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno al combate a la corrupción, no ha dado resultados, según estadísticas del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), México ha mantenido la misma calificación desde el 2020 a la fecha.
Según un estudio realizado por Transparencia Internacional, indican que, de una calificación de cero a 100 puntos, México obtuvo 31 en el 2021, al igual que en el 2020.
Señala que la nación se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, según los resultados del IPC 2021. La misma calificación de 31 puntos porcentuales, la comparte con Gabón, Nigeria y Papúa Nueva Guinea.
Indica que la puntuación más baja, la ha padecido México en el 2018, con 28 puntos y la más alta en el 2014, con 35 puntos.
Según el estudio elaborado, es Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia los países con mejor calificación con 88 de 100 puntos.
Seguido de Noruega, Suecia, Singapur con 85 puntos.
Mientras que los peor evaluados, se encuentra Somalia, Sudán del Sur y Siria con 11 puntos.
El IPC también revela que los niveles de corrupción están estancados en todo el mundo, ya que el promedio global se mantiene sin cambios por décimo año consecutivo, en solo 43 de los 100 puntos posibles.
Es decir, 131 países no han logrado avances significativos contra la corrupción en la última década. Dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción, mientras que 27 países se encuentran en la puntuación más baja de su historia.
El IPC realizado por Transparencia Internacional, califica rubros como el soborno, desvío de fondos públicos, funcionarios que usan su cargo público para beneficio privado sin enfrentar consecuencias, capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público, burocracia excesiva en el sector público que puede aumentar las oportunidades para la corrupción.
Nombramientos nepotistas en el servicio civil, leyes que garantizan que los funcionarios públicos deben revelar sus finanzas y posibles conflictos de intereses, protección legal para personas que denuncian casos de soborno y corrupción, captura del Estado por estrechos intereses creados y acceso a información sobre asuntos públicos o actividades gubernamentales.