Para el sistema DIF Nacional hubo una clara vulneración de los derechos a la intimidad y protección de datos personales cometido por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, al publicar videos, fotografías, nombre y padecimientos de salud de un niño en custodia del DIF de Nuevo León.
Tras la publicación en redes sociales y medios de comunicación, el DIF nacional requirió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León “información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado del citado matrimonio”.
Se otorgó al DIF de Nuevo León un plazo de 72 horas para que remita la información para a partir de ahí determinar los causes legales por la exposición de menores de edad, en custodia del DIF estatal, en medios de comunicación y redes socio digitales.
“Al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que éste fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos”, indicó el DIF nacional en un comunicado.
El DIF nacional requirió a la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que “emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño”.
“De acuerdo con las declaraciones públicas del citado matrimonio, el niño se encuentra bajo el cuidado de un Centro de Asistencia Social público que depende del Sistema Estatal DIF Nuevo León, y no del Sistema Nacional DIF. No obstante, con base en la competencia concurrente entre federación y entidades federativas, dispuesta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la PFPNNA realizará las acciones necesarias para proteger el Interés Superior de la Niñez en este caso.
EL DIF nacional se pronunció en contra de “todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez”.