La Fiscalía General del Estado de Querétaro se desmarcó de las acusaciones de la familia Urquiza Fernández sobre un supuesto uso de la institución para presionarla dentro de la disputa por 269 hectáreas y derechos de agua en Huimilpan.
El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández aseguró que el origen de la investigación se encuentra en un conflicto familiar relacionado con la administración de bienes y una masa hereditaria.
“Todas las actuaciones que despliega la Fiscalía General del Estado son con fundamento y en estricto apego a legalidad. Todas nuestras intervenciones, desahogo de técnicas de investigación y cateos son sujetos a control judicial”, afirmó Hernández, quien explicó que las diligencias requirieron integrar la carpeta, justificar las solicitudes y obtener autorización de una autoridad judicial.
El fiscal precisó que la carpeta fue iniciada por la abuela de una de las integrantes de la familia que denunció públicamente el presunto despojo, mientras que entre las personas señaladas se encuentran hijos y nietos de la propia denunciante. Indicó que existen medios de defensa pendientes de resolución que han frenado el avance de las investigaciones y consideró que una autoridad en materia civil y familiar deberá determinar a quién le asiste la razón en la controversia.
“Los imputados son hijos y nietos de la señora que inició la carpeta de investigación. Por eso establezco que es un tema donde hay un conflicto en la familia”, señaló el fiscal, quien agregó que la Fiscalía únicamente judicializó los planteamientos que recibió y que las actuaciones realizadas fueron sometidas a revisión de legalidad y constitucionalidad.
Respecto a los señalamientos de la familia Urquiza Fernández contra el exgobernador Francisco Domínguez Servién, Hernández afirmó que éste no figura dentro de la carpeta en ninguna de las dos posiciones centrales del procedimiento penal. “No aparece como parte ofendida ni tampoco como imputada”, puntualizó, luego de que la familia acusó públicamente al exmandatario de estar relacionado con un presunto esquema para obtener el control de los terrenos y derechos de agua en disputa.