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Determina Tribunal que López Obrador violó ley interviniendo en proceso electoral

La sala especializada del TEPJF determinó que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador afectó la equidad en el proceso electoral al mostrar empatía con Morena en San Luis Potosí y criticar al candidato del PRI en Nuevo León.

Durante las conferencias mañaneras del 5, 6, 7 y 11 de abril, el Mandatario se inconformó con las versiones del INE de la posible cancelación del registro de la candidata de ese partido en SLP, además, afirmó que el candidato del PRI a la Gubernatura en Nuevo León, Adrián de la Garza compraba votos.

En la sentencia aprobada por mayoría, a propuesta del magistrado ponente Luis Espíndola, se sostiene que el Presidente violó el principio de equidad e hizo un uso indebido de recursos públicos al cometer esas infracciones en sus conferencias matutinas, las cuales son realizadas con recursos públicos.

«Se determina la existencia de las infracciones atribuidas a Andrés Manuel López Obrador en su carácter de Presidente de la República () se hace un llamamiento al Ejecutivo Federal por conducto de su Consejería Jurídica, para que utilice adecuadamente los recursos públicos que tiene a su alcance».

La resolución sanciona también al coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia y al director de Cepropie (Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales) por estas conductas y se da vista al Órgano Interno de Control de esa dependencia federal.

También se ordena al vocero, publicar en las cuentas oficiales del Gobierno federal y en redes sociales un extracto de la sentencia, y modificar la publicación de las mañaneras en donde se difundieron esas expresiones determinadas como ilegales.

En la sentencia, se detalla el alcance de las violaciones y trascendencia de las manifestaciones del Presidente de la República.

«Debido a la relevancia de su cargo y por la autoridad que representa, se estima viable presumir que las manifestaciones del Presidente sí impactaron de manera relevante en la población receptora de los mensajes», señala la sentencia.

«Se propone declarar su responsabilidad por la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral de San Luis Potosí y Nuevo León», añade el resumen de la resolución aprobada.

La sentencia señala que las manifestaciones del Presidente a propósito de los dos procesos electorales en donde expresó sus preferencias en un espacio público en donde se emiten comunicaciones oficiales, no pueden estar amparadas en la libertad de expresión.

«Las manifestaciones, un pronunciamiento a favor del partido político Morena ante la probable cancelación de registro a su candidatura a la gubernatura a San Luis Potosí, y en segundo lugar, un rechazo por la presunta compra de votos durante la campaña electoral del entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos () no pueden ampararse como un ejercicio de libertad de expresión al haberse realizado ante diversos medios de comunicación en un espacio que en principio está destinado a difundir comunicación oficial y propaganda gubernamental», se expone en la sentencia.

De estas sanciones, a los dos funcionarios de la Presidencia, subalternos del mandatario federal, se distanció el ponente Luis Espíndola por considerar que no pudieron conocer con anticipación las conductas presidenciales que resultaron ilegales.

Sin embargo, estuvieron de acuerdo con sancionarlos el magistrado presidente Rubén Lara y la magistrada Gabriela Villafuerte.

El Presidente no puede ser sancionado

Al abundar en su propuesta -y avalada por el magistrado presidente Rubén Lara y en contra en varios aspectos por parte de la magistrada Gabriela Villafuerte-, el magistrado Espíndola explicó que el Presidente de la República no puede ser sancionado por estar sujeta su conducto a un régimen especial de responsabilidades en la Constitución de la República, en donde no se incluyen las infracciones administrativas electorales.

El Presidente, recordó, solo puede ser sancionado por traición a la patria o delitos del orden común.

En ese tenor, sin embargo, consideró que las manifestaciones presidenciales sí dan lugar a un exhorto, un llamado al Presidente para que vigile sus manifestaciones y el uso de recursos públicos durante los procesos electorales.

«El titular del Ejecutivo Federal tiene un deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones por lo que se hace del conocimiento a dicho servidor publico, de esta manera, de su obligación de utilizar los recursos públicos que tiene a su alcance y permanecer neutral durante los procesos electorales», señaló el magistrado Espíndola.

Dijo que en la sentencia también se aprobaron una serie de medidas para la no repetición de esas conductas ilegales como el de llamar a la revisión de reglamentos, lineamientos y procedimientos que lleven a los servidores públicos de todos los niveles a cumplir con el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, para preservar la equidad en las contiendas.

También propone cursos de capacitación a todos los niveles del Gobierno federal sobre esos temas.

Otras resoluciones

A la sentencia con la que se resolvió un recurso contra AMLO presentada por el PRD, se añade una parte que consideró inexistentes las infracciones del dirigente nacional Mario Delgado, que reprodujo en sus redes sociales las manifestaciones presidenciales.

Asimismo, en otra resolución, se declaró también inexistente la presunta infracción del Gobierno federal por el mensaje en redes sociales el 5 de junio, llamando a votar al día siguiente.

Por mayoría se determinó que el llamado no rompió con la veda electoral porque no llamó a votar por alguna opción política ni implicó proselitismo, sino que estuvo acorde con lo permitido en el periodo de reflexión, señala la sentencia aprobada.

(Con información de REFORMA)

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