*Alegan causas de fuerza mayor
Verificadoras y verificadores del INEGI que realizaban la segunda parte del levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020, que fue suspendido por la declaratoria de emergencia sanitaria, fueron despedidos esta mañana sin que se les pagaran, la primera quincena de abril, liquidación o finiquito.
Los trabajadores fueron citados esta mañana a una junta en un inmueble de ubicado en el número 9 de la calle Cedros, en la colonia La Capilla, donde les informaron que su relación laboral quedaba finiquitada sin mayor indemnización.
A las trabajadoras y trabajadores les fue entregado un documento en el que se les informa que sus contratos quedaban terminados, a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria.
“De conformidad al artículo 46, fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que el nombramiento de los trabajadores deja de surtir efecto sin responsabilidad para los titulares de los órganos por la causa consistente en la conclusión de la obra determinante de la designación, es que con fecha 03 de abril de 2020, se da por terminada la relación laboral, sin responsabilidad para este instituto, al haber sobrevenido dicha causal (la declaratoria de emergencia sanitaria) en el entendido de que el mencionado hecho, considerado como una cuestión fortuita excede el estado de cosas que existía al momento de firma de celebración de su nombramiento”, se lee en el documento entregado a los encuestadores.
El documento, firmado por Elio Pareja Navarrete, coordinador estatal del INEGI, indica que la emergencia sanitaria por el COVID le permite al gobierno federal correrlos sin indemnización alguna.
Al salir del encuentro, ex trabajadoras del INEGI informaron que no firmaron el documento y que buscarán asesoría legal para exigir el pago pendiente que tiene el INEGI con ellas y otros empleados.
“El gobierno federal le está diciendo a los empresarios: ‘No corras a tu gente’, pero nosotros sí vamos a correr a la gente. Así está la cosa”, dijeron.
Las mujeres explicaron que sin mayor argumento las hicieron acudir para darles el aviso de que se iba a rescindir su contrato.
“No nos han pagado gastos de campo, una semana, nos deben gastos para el gel (antibacterial), nos hicieron comprarlo; (nos deben pagar) la primera quincena de abril que es cuando terminaba nuestro contrato) y nos dijeron que nos van a pagar hasta hoy”, explicaron.
Las mujeres acusaron que el INEGI debería pagarles, de acuerdo a su contrato, al menos 4 mil 600 pesos por la primera quincena de abril.
“No firmamos a vamos a organizarnos para buscar asesoría legal”, señalaron.