El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro A.C. solicitó que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal al Poder Judicial se someta a consulta popular conforme al artículo 35 de la Constitución.
En un comunicado, el gremio expresó que la elección popular de personas juzgadoras no garantiza mayor legitimidad ni calidad en la función judicial.
El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro reprobó los cambios de fondo propuestos al Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales sin consulta popular. Argumentaron que en México existe la Ley Federal de Consulta Popular, la cual no fue considerada para esta iniciativa.
Los abogados manifestaron su preocupación por la propuesta de elección por voto popular directo y la sustitución de más de mil seiscientos ministros, magistrados, juezas y jueces de distrito.
Señalaron que las destituciones serían autoritarias y antidemocráticas, justificadas por sospechas no probadas de corrupción y malos manejos del Poder Judicial.
El gremio advirtió sobre el riesgo de que actores políticos de dudosa capacidad se conviertan en juzgadores a través de campañas y procesos electorales, lo que podría llevar a decisiones influenciadas por el gobernante en turno o el partido político dominante.
El Colegio destacó que la desaparición de los concursos de oposición y la probable falta de experiencia judicial podría derivar en un desempeño deficiente.
Insistieron en que la justicia no se da por aclamación y que las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías para garantizar los límites impuestos por la Constitución.Actualmente, el Poder Judicial de la Federación (PJF) cuenta con 1,496 órganos jurisdiccionales y administrativos, con 54,388 servidores públicos.
En 2022, se ingresaron al PJF 1,256,077 asuntos, de los cuales se resolvieron 1,214,806, lo que implica que cada juzgador resolvió en promedio 762 asuntos durante ese año.
El gremio también expresó que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y el paso del Consejo de la Judicatura Federal a un órgano administrativo judicial comprometen la independencia judicial y aumentan la burocracia.
Finalmente, el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro reiteró su compromiso con reformas que combatan la impunidad, nepotismo y corrupción, pero cuestionaron la base y trascendencia jurídica de la propuesta, que consideran no contribuye a la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho ni resuelve los conflictos de justicia civil, familiar, penal y laboral que enfrenta la ciudadanía.
Exhortaron al Ejecutivo Federal, a ambas Cámaras Legislativas y a las Legislaturas de los Estados a cumplir con su tarea constitucional fuera de tendencias partidistas y a no afectar a la democracia con reformas sin consultar formalmente a los ciudadanos.