Puentes peatonales, bicicletas, paradas de transporte público, kioscos de revistas y periódicos, botes de basura, pantallas, espectaculares, recolección de basura domiciliaria… ¡hasta el alumbrado público!… todo está concesionado a particulares.
Durante las últimas 3 décadas, los gobiernos municipales han convertido a la capital queretana en una sala de subastas y sus calles, banquetas, áreas verdes y de equipamiento y servicios públicos en objetos de lucro.
Puentes peatonales, bicicletas, paradas de transporte público, kioscos de revistas y periódicos, botes de basura, pantallas, espectaculares, recolección de basura domiciliaria… ¡hasta el alumbrado público!… todo está concesionado a particulares.
Quizá todo empezó con el inocente permiso a una empresa refresquera para que colocara botes de basura metálicos estilizados en el Centro Histórico que combinaran con la imagen urbana, pero hoy tan sólo el servicios de limpia pública, que es una de las responsabilidades constitucionales que tienen los municipios con sus ciudadanos, está fragmentado en al menos 5 concesiones distintas.
Aunque la más controversial fue la reciente concesión de la recolección de basura domiciliaria realizada por la administración municipal 2015-2018 a la empresa Red Ambiental, el gobierno capitalino desde finales de los años 80’s se ha desentendido de prácticamente toda la cadena de limpieza de la ciudad.
En esta cadena, el confinamiento final de la basura también está a cargo de una empresa privada que usufructúa el relleno sanitario de Mompaní. Desde hace más de 20 años lo opera la compañía Proactiva.
También fue motivo de cesión a particulares la planta de separación de residuos. Esta fue entregada a la empresa Broquers Ambiental S.A. de C.V., que realizó una inversión privada de 160 millones de pesos para procesar mil 200 toneladas cada 14 horas, lo que significa aprovechar hasta 70 por ciento de los residuos sólidos urbanos generados en esta ciudad, por un par de décadas.
Desde hace más de 15 años, Plastic Omnium tiene a su cargo las 12 mil papeleras que hay el municipio de Querétaro, muchas de las cuales se encuentran en malas condiciones, rotas, quemadas y sin contenedores.
Además que, como el municipio despidió a todo el personal dedicado a la recolección y traslado de la basura, el manejo de la nómina y contratación del personal para Red Ambiental lo realiza otro negocio particular, una outsourcing.
Otro negocio que hizo el municipio con equipamiento urbano hace una década, fue la concesión de los puentes peatonales a una empresa publicitaria. Sin embargo no se les ha dado mantenimiento para ofrecer un aspecto diferente; es decir, aunque los anuncios publicitarios se colocan, los puentes no sólo muestran el deterioro del abandono en que se encuentran, lo que los ha vuelto obsoletos porque la gente ya no los usa por peligrosos y malolientes.
Sin embargo, uno de los negocios más oscuros, fue el del arrendamiento de 60 mil 573 luminarias de LED y mobiliario de iluminación de vía pública, que involucró un contrato de 1 mil 202 millones 112 mil 767.48 pesos. En menos de 2 años, muchas de esos equipos presentan fallas y parpadeos.
Las banquetas de la ciudad también han sido reservadas para empresas privadas. En ellas, compañías publicitarias han obtenido permisos para colocar mamparas que pueden comercializar en campañas promocionales.
Además de que las nuevas paradas de camiones del sistema QroBus también fueron concesionadas para su explotación publicitaria.
Este esquema se aplicó a principios de la última década, pero en los kioscos de revistas y periódicos. La administración municipal encontró una oportunidad de negocio concesionando espacios en la vía pública para cambiar los actuales puestos de periódicos de lámina por cubículos en los que se podía colocar publicidad en sus 3 lados cubiertos.
Lo mismo sucede con las áreas verdes y de equipamiento urbano, los cuales fueron licitados para que particulares pudieran colocar pantallas y publicitarias y anuncios espectaculares en las zonas de mayor tráfico y plusvalía capitalinos.
El sistema de bicicletas compartidas es un negocio cuyo mantenimiento involucra un contrato mensual de más de 1 millón de pesos para la empresa que lo realice, pero su operación no implica sólo el mantenerlas en buenas condiciones, sino que hay otra concesión para la operación del software.