Chicago, IL.- “Honduras condena a esposa de expresidente Porfirio Lobo a 58 años de prisión por corrupción”. Este fue el título de la nota divulgada esta semana por la agencia AP.
Un tribunal impuso la ejemplar sentencia a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, juzgada por 13 delitos de corrupción. La mujer fue convicta el pasado 20 de agosto por tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude.
Junto a Bonilla también fue condenado a 48 años de cárcel Saúl Escobar, exsecretario privado del Despacho de la Primera Dama, como cómplice del fraude descubierto por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El caso de la “Caja chica de la dama” puso al descubierto que la esposa del exmandatario del 2010-2014 desvió unos 480 mil dólares de una cuenta a nombre del Despacho de la Primera Dama y Casa Presidencial a su cuenta personal cuatro días antes de que terminara el gobierno de su cónyuge.
Además, el Ministerio Público comprobó que los inculpados robaron 650 mil dólares emitiendo más de 70 cheques a nueve empresas fantasma entre 2011 y 2015.
Después de una investigación de cuatro meses, quien fuera la primera dama de Honduras fue capturada en febrero del 2018 y recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, donde purgará su condena.
Traigo este caso a colación porque parece una calcomanía de actos similares descubiertos en México durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto.
Pero en México el Poder Judicial es una caricatura muy alejada de la verdadera procuración de justicia y las muestras abundan por doquier y en todos los niveles. Muchos jueces son cómplices de la delincuencia y de funcionarios corruptos.
En México la justicia es para quien es capaz de comprarla. Castigar la desviación de recursos públicos es una utopía vestida de rosa mexicano.