Durante años, desde la tribuna judicial y desde la narrativa oficial, se construyó una identidad pública sustentada en la austeridad como principio y en la crítica sistemática al exceso como señal del viejo régimen.
Los privilegios, se dijo, pertenecían a los ministros de antes: camionetas blindadas, escoltas, rutas cerradas, burbujas de poder alejadas de la vida común. El nuevo tiempo había llegado también a la Corte. Bastó, sin embargo, seguir una ruta cotidiana y observar un convoy para advertir que la historia había decidido repetirse con nuevos protagonistas.
El episodio de las camionetas blindadas quedó al descubierto por la vía más elemental: los hechos. Vehículos Jeep Grand Cherokee con blindaje de alto nivel, adquiridos para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzaron a circular con normalidad. Placas visibles, trayectos reiterados, escoltas evidentes.
Cada unidad, según información administrativa y técnica, supera 1.7 millones de pesos, con variaciones que dependen del nivel de blindaje y equipamiento. Se trata de vehículos adaptados por empresas especializadas en seguridad vehicular, proveedoras recurrentes del Estado mexicano, habituadas a blindar automóviles para funcionarios de alto rango y jueces en contextos de riesgo.
Las rutas observadas correspondieron a traslados ordinarios entre domicilios privados, oficinas institucionales y actos públicos, acompañados de protocolos reforzados que reproducen con precisión aquello que durante años fue objeto de crítica política. El símbolo resultó inmediato: el acero volvió a imponerse al discurso.
La Presidencia intervino con una justificación de naturaleza contable. El argumento central fue el ahorro: la cancelación de esquemas de arrendamiento vehicular habría generado una economía cercana a mil millones de pesos para el erario. Comprar, se explicó, resultaba más eficiente que rentar.
El debate se trasladó al terreno administrativo, como si una hoja de cálculo pudiera sustituir a la coherencia pública. La defensa técnica buscó neutralizar el cuestionamiento político, aunque terminó por amplificarlo.
Durante años se señaló a los ministros del pasado por desplazarse en camionetas blindadas, por ejercer el poder encapsulados, por vivir separados del espacio común. Aquella imagen encarnaba la distancia entre la Corte y la sociedad.
Hoy, el mismo gesto reaparece con una narrativa distinta y con idéntica carga simbólica. El dispositivo es el mismo; el argumento, renovado.
Los hechos avanzaron con mayor rapidez que las explicaciones. Una vez expuesta la operación, las respuestas llegaron fragmentadas y tardías.
Comunicados, precisiones, matices. El Ejecutivo ensayó una defensa que terminó por evidenciar el problema. Luego, los propios ministros optaron por desmarcarse de esa justificación. Cuestionaron la explicación presidencial, afirmaron su autonomía discursiva y dejaron al descubierto una fisura en el relato oficial. Cada actor protegió su parcela institucional mientras el daño se extendía.
Finalmente, la Corte reculó. Anunció que las camionetas serían devueltas o reasignadas, en un intento por cerrar el episodio y contener el desgaste. La corrección llegó, aunque el efecto ya estaba producido. La devolución resolvió el trámite administrativo; el daño simbólico permaneció intacto.
El debate supera la cuestión de la seguridad personal. Ejercer funciones públicas de alto nivel en México implica riesgos reales y documentados. El problema reside en otro plano: la distancia entre la palabra y la práctica. Entre la crítica sostenida durante años y las decisiones adoptadas desde el poder. Entre la promesa de un nuevo estándar moral y la comodidad del estándar de siempre.
La camioneta blindada opera como una metáfora política perfecta. Pesa toneladas, cuesta millones y separa a quien viaja dentro del entorno que lo rodea. Ofrece protección y produce aislamiento. Cuando quienes prometieron desmontar los símbolos del privilegio terminan desplazándose en ellos, el relato que los sostiene comienza a resquebrajarse.
Al final, en la vida pública, ninguna coraza resiste una contradicción expuesta. Se puede devolver el vehículo, ajustar el comunicado y corregir el expediente. Lo que resulta más difícil es reparar la credibilidad. Porque el poder puede blindarse de muchas formas, pero cuando necesita proteger su discurso de la realidad, la fractura ya es irreversible.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero