La intención es brutalmente noble: impactar, de fondo y efectivamente, en la forma de conducir un vehículo, para ceñirse a una conducta cívica ejemplar. La instrumentación de la propuesta, en cambio, aún está verde.
Cambiar las sanciones económicas de las fotomultas en la Ciudad de México por amonestaciones verbales, pláticas de sensibilización y trabajo comunitario tiene varios huecos que aún no se han explicado y que, en algunos casos, se antojan complicados de rellenar.
De entrada, habrá que subrayar que la propuesta de campaña de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, era eliminar las fotomultas, no trocar el pago de la sanción.
La relevancia de esto estriba en que las infracciones de tránsito, vía cámaras de video o radares, tienen un amplio margen de inconstitucionalidad, debido a la dificultad de establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar para establecer la responsabilidad, a partir de una fotografía. Y eso lo recrimina la gente.
La estadística da fe de este sentimiento de abuso: 10 por ciento de los casos que resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX son recursos contra fotomultas… y prácticamente todos los gana el automovilista. Así es que, sea con dinero o sea con trabajo comunitario, las fotomultas continuarán.
Amén de ello, la imposición de trabajos forzados (otra forma de describir al trabajo comunitario impuesto) tiene también un sesgo inconstitucional, pues no hay antecedentes en México de este tipo de obligaciones. Incluso los reclusos que hacían placas de automóviles recibían un pago por ello.
Otro punto que habrá que tener resuelto es cómo vincular la sanción al conductor del vehículo, pues la propuesta planteada actualmente obliga a los dueños del auto a atender las pláticas o el trabajo social impuesto, ya que para imputar la responsabilidad se tomarán los datos de la matrícula, no de la licencia.
Ayer, en entrevista telefónica en el programa ¿De qué va?, de El Heraldo TV, Rodrigo Díaz, futuro subsecretario de Planeación de la CDMX, reconoció que no se ha definido cómo sancionar a los conductores de flotillas de autos del sector servicios. Ejemplo: en los autos dedicados a mensajería, ¿todas las infracciones se le impondrán a la persona que aparezca como dueña de ese negocio, no a quienes los conducen? En ese caso, admitió Díaz, lo más probable es que se tenga que mantener la sanción económica.
Otro pendiente: no ha quedado claro, o suficientemente explicado, el funcionamiento del descuento de los 10 puntos con los que cada vehículo arranca cada año, porque, según se ha difundido, si se cumple con los cursos de sensibilización (virtuales o presenciales), se devuelven los tantos descontados, con lo cual, podría nunca llegarse a los cero puntos, que es cuando se sancionaría con trabajo social.
Hay varias cosas que se deben pulir para que este sistema –que es de aplaudir, pues tendría un impacto más efectivo en la mejora de la conducta cívica al volante– funcione. Y la nueva administración en la CDMX arranca en seis días.
@hugo_corzo