Es bastante posible que estemos viendo un acontecimiento histórico en el tema migratorio en Estados Unidos. Es posible, también, que solamente sea una escaramuza para medir fuerzas. Y en medio, 11.7 millones de inmigrantes indocumentados que viven en territorio estadounidense, muchos de ellos en el Estado de California, que hasta el 2 de febrero de 1848, perteneció a México.
Esto es porque el Departamento de Justicia federal, demandó al Estado de California, al gobernador de esta entidad Jerry Brown, y al fiscal general californiano, Xavier Becerra, asegurando que más de tres leyes estatales aprobadas en California en los últimos meses, “hacen que sea imposible” para los funcionarios federales de inmigración realicen su trabajo y deporten “a los criminales que ingresan ilegalmente a Estados Unidos”.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia, desafía la legalidad del Acta de Valores de California (SB 54), que limita la cooperación de autoridades estatales y locales con tareas migratorias. También demandó contra la ley AB 450 que regula el acceso de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a los centros de trabajo y la AB 103, que crea un sistema de inspección local de los centros privados de detención.
Calificando a los líderes políticos de California como “radicales que favorecen las fronteras abiertas”, Jeff Sessions, procurador de la Nación, dijo que “usaría todo su poder” para detener las leyes aprobadas por el gobierno estatal cuyo único objetivo, según Sessions, es “limitar la colaboración con las autoridades migratorias”.
Por su parte, el gobernador de California y el procurador general de ese Estado (el más poderoso del país) condenaron con dureza la demanda interpuesta en su contra por “carecer de mérito. Brown señaló en un Tweet: «Jeff (Sessions), estas acrobacias políticas pueden ser la norma en Washington, pero no funcionan aquí. ¡Triste!”
Más tarde, en declaraciones a la prensa, Jerry Brown, quien ha amagado con la independencia de California, aseguró que la demanda en contra suya, del fiscal y del Estado era, simplemente, un «truco político». El senador Kevin de León, presidente del senado estatal y autor de la Ley Santuario de California (SB 54), dijo que de ninguna manera el Estado usará sus recursos para contribuir a la aplicación de políticas «inhumanas» y la separación de familias inocentes.
El Departamento de Justicia calificó las leyes californianas como “inconstitucionales” y le pidió a un juez que las bloqueara. Esta demanda ha sido el ataque más audaz del Departamento de Justicia federal hasta el momento contra un Estado, en este caso California, quizá el más fuerte de los opositores a los esfuerzos de Trump para frenar la inmigración indocumentada.
También, dicen los analistas, sirvió como advertencia para los legisladores demócratas y los funcionarios electos de todo el país que han promulgado políticas de Santuario, que brindan protección a los inmigrantes indocumentados.
De nuevo, una guerra por California. Que, por cierto, es la séptima economía del mundo. Y Jerry Brown podría tener respaldo para plantear una eventual independencia de Washington…