A pesar de discursos y de un alto costo político, el gobierno federal sigue subsidiando la gasolina.
El precio no está del todo liberado. Se emplea una fórmula para “amortiguar” las subidas y bajadas a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS.
A finales de año 2016 se anunció que el precio de las gasolinas sería determinado por las fuerzas del mercado y por la estructura de costos en el proceso de importar el combustible.
Se argumentó que mantener el subsidio implicaría el apocalipsis. Un gasto de más de 200 mil millones de pesos.
Ese monumental subsidio representaba un monto mayor al total de seguridad nacional (sumando Ejército, Marina, PGR y policía), que sumaba 180 mil millones.
En enero de 2017 un ajuste brusco al precio, llamado coloquialmente “gasolinazo”, tuvo un efecto directo en la inflación, pero sobre todo, en la percepción de los ciudadanos frente al gobierno.
Al cerrar el año. La cuenta pública reporta dos cosas:
- El gobierno federal recaudó 66 mil millones de pesos menos de lo presupuestado por concepto de IEPS.
- A pesar de esa menor recaudación, en el global de ingresos no petroleros, el gobierno obtuvo 523 mil 869 millones adicionales a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación.
A toro pasado, el gasolinazo ha sido un mal negocio para todos.