El próximo 1 de julio de 2018, frente a la urna, no estarás votando. Al cruzar la boleta por el emblema de la coalición o candidato independiente de tu preferencia estarás firmando un cheque en blanco.
La imperfecta normatividad electoral mexicana -muy sofisticada en algunos aspectos pero increíblemente laxa en otros- no tiene dispositivo alguno para garantizar que lo ofrecido en campaña se convierta en plan de gobierno.
De esta forma, los candidatos pueden ofrecer el oro y el moro, ampliar programas sociales, construir aeropuertos, refinerías o carreteras sin que haya mayor vinculación con su ejercicio real de gobierno.
La normatividad no obliga a que el plan nacional de desarrollo esté relacionado con la plataforma electoral que postule cada partido.
El cumplimiento de las promesas de campaña queda en el plano de la rentabilidad política y la buena fe. Por más que las firmen ante notario público.
La única herramienta que tiene el ciudadano es la revisión de la biografía de cada «aspirante» y hacer un juicio personal de probabilidades de cumplimiento.
No hay poder real -en la Constitución y las leyes- para que los ciudadanos obliguemos a gobernantes a que cumplan ni para demandarles su salida por incumplimiento.
Prometer no empobrece…