Solutintec, la empresa que estaba encargada de la construcción del ‘Puente de Sombrerete’ cuando colapsó una trabe en agosto del año anterior, fue sancionada con 80 mil pesos de multa y una inhabilitación por dos años para ser contratada para obra pública.
Luego de que la caída de una trabe en el puente que cruza por Boulevard Bernardo Quintana, ocasionó un retraso de varios meses en la obra, el Contralor del Estado, Oscar García González, aseguró que el órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), concluyó su proceso de investigación y procedió a sancionar a la empresa.
“En este caso se recibieron las pruebas e incluso se dio la oportunidad de la defensa de la empresa que estaba realizando la obra, como ustedes saben, la obra ya está totalmente concluida, funcionando”, explicó.
Aunque se había hablado de que las sanciones máximas podrían ser de 5 años de inhabilitación y hasta 100 mil pesos de multa, el contralor informó las sanciones correspondientes y cabe destacar que en declaraciones anteriores, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González ha asegurado que independientemente de las sanciones, la empresa Soluntitec no volvería a trabajar en obra pública estatal durante su administración.
“Sin embargo, la situación administrativa de la empresa sí tenía que ser sancionada, me informó el órgano interno de control que ya emitió la resolución, esa fue al final de la semana que acaba de concluir y la sanción pecuniaria que se aplicó fue de 80 mil pesos, que es lo que marca la ley en umas y también una inhabilitación de 2 años para que esta empresa no vuelva a ser contratada para ejecutar obra pública en el estado de Querétaro”, explicó.
La obra fue concluida y puesta en operación este fin de semana, sin embargo, por la caída de la trabe, la Secretaría de la Contraloría, aún mantiene dos expedientes abiertos contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicos, quienes podrían ser acreedores a sanciones que van desde la amonestación, hasta la destitución o inhabilitación en caso de resultar responsables de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativos.