De acuerdo con una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el expresidente venezolano Nicolás Maduro Moros habría utilizado su posición como ministro de Relaciones Exteriores para enmascarar operaciones de narcotráfico en territorio mexicano en 2006, mediante el uso de cobertura diplomática.
La acusación formal —identificada como Sealed Superseding Indictment S4 11 Cr. 205 (AKH) y presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York— sostiene que entre 2006 y 2008, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes con el fin de facilitar el traslado de dinero proveniente de la droga entre México y Venezuela sin supervisión de las autoridades.
El documento describe que Maduro habría instruido a la embajada venezolana en México para recibir vuelos privados bajo el pretexto de “misiones diplomáticas”.
En esos desplazamientos, las aeronaves eran utilizadas para transportar las ganancias del narcotráfico hacia Venezuela sin inspecciones aduanales ni militares.
En el mismo periodo, según el Departamento de Justicia, funcionarios venezolanos enviaron más de 5.5 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar hacia Ciudad del Carmen, Campeche, a bordo de un avión DC-9.
La droga fue incautada por autoridades mexicanas, pero el incidente reveló la magnitud de la red de tráfico que, de acuerdo con la acusación, Maduro ayudó a proteger a través de su cargo diplomático.
El documento estadounidense también señala que esta red mantuvo vínculos con organizaciones criminales mexicanas, principalmente el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, quienes participaron en la recepción y redistribución de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
Maduro, junto con altos funcionarios de su gobierno y miembros de las fuerzas armadas venezolanas, enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y corrupción institucional.
Según la acusación, el objetivo de la red era “inundar de cocaína el territorio estadounidense” mientras consolidaba el poder político del régimen venezolano.
El proceso judicial continúa en el Distrito Sur de Nueva York, donde el Departamento de Justicia ha solicitado penas de prisión de por vida para los principales acusados.