La termoeléctrica en Tula, Hidalgo, es una de las plantas industriales más contaminantes del país, con impactos severos en la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, la información pública disponible no permite conocer estos impactos con exactitud.
En 2019, la Comisión Federal de Electricidad generó 29 por ciento del total de emisiones de CO2 del sector eléctrico, y 17 por ciento del total de emisiones del país, de acuerdo con su propio Plan de Negocios 2022-2026, reveló hoy el organismo México Evalúa.
Pese a ello, no existe suficiente información pública como para poder precisar cuánto contamina la CFE y conocer la magnitud de su impacto en la comunidad, ni para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos en materia de sostenibilidad de la empresa.
En el estudio denominado ‘La responsabilidad corporativa de CFE a prueba’, publicado hoy por México Evalúa se destaca una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, que podría explicarse por la entrada de fuentes renovables de energía y la sustitución de centrales térmicas con carbón o combustóleo por centrales de ciclo combinado con gas natural, en los últimos 10 años.
Sin embargo, también se advierte que la política energética de la presente administración va en sentido contrario a esta tendencia: para 2024, la CFE prevé que la generación de las carboeléctricas aumente 45%, que los ciclos combinados lo hagan en 120%, las centrales de combustión interna en 559% y las de turbogas en 248%.
“El impacto de la CFE es suficientemente significativo como para que esta empresa no cuente con una estrategia consolidada e implementada para operar con sustentabilidad y aminorar sus impactos ambientales y sociales”, señaló Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.
En el estudio se evalúa la responsabilidad corporativa de la CFE a través del análisis de la operación de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada en Tula, Hidalgo, la tercera planta industrial que más genera emisiones de CO2 en el país, lo cual provoca serios impactos en la salud y calidad de vida de población.
La evaluación contempló aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire y gestión del agua, tanto para la central termoeléctrica como para la CFE en general, a la luz de los estándares ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés) y de las metodologías más avanzadas en la materia.
Uno de los aspectos más preocupantes en la operación de la CFE es el incremento en el uso de combustóleo –un residuo de la refinación altamente contaminante– para la generación de energía, el cual fue la tercera fuente de energía de la empresa en 2021. Su uso aumentó 8% frente a la generación de 2020, de acuerdo con el informe anual de la Comisión.
A pesar de esta preocupación, no existe un reporte histórico del uso de combustóleo publicado por la empresa, y mucho menos relacionado con la actividad de la central de Tula, advierte el estudio.
“Los indicadores de generación de valor, como la rentabilidad o el patrimonio, ya no son suficientes para estimar el valor de las empresas. Hoy, los estándares ESG han ganado relevancia porque el comportamiento responsable de las empresas es considerado cada vez más por los inversionistas para la toma de decisiones”, apuntó Viviana Patiño Alcalá, investigadora del programa de regulación y competencia económica de México Evalúa.
El incumplimiento de los estándares ESG implica que la CFE tendrá problemas para conseguir financiamientos competitivos en los próximos años. Además, la falta de transparencia en torno a su política de sustentabilidad alejará cada vez más a la empresa del objetivo de generar energía barata, limpia y continua.
Para aminorar el impacto de las operaciones de la CFE en Tula, México Evalúa recomienda:
• Que la CFE adopte una política y una estrategia de sustentabilidad basada en la metodología ESG.
• Que emita reportes públicos, con actualización frecuente y oportuna sobre sustentabilidad.
• Que la CFE genere alianzas con dependencias gubernamentales, organismos internacionales y sociedad civil para implementar estrategias extraordinarias, orientadas a lograr la rehabilitación de zonas en situación de emergencia ambiental, como Tula.