El Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro, mediante un comunicado, reconoció como positivas las inversión en infraestructura para modernizar el transporte público de pasajeros.
«Reconocemos como positivas las acciones realizadas por los concesionarios, en equipo con Gobierno del Estado, que incluyen el uso de carriles confinados de transporte, ejes estructurantes, unidades ecológicas de gas natural y el uso de la tarjeta de prepago que agiliza los cobros y, por ende, los traslados, así como el establecimiento de las rutas nocturnas.
Sin embargo, señalaron que al día de hoy persisten reportes de usuarios que no llegan a tiempo a sus actividades laborales y educativas por falta de unidades en Corregidora, Santa Bárbara, La Cañada, La Pradera, Calzada de Belén, San José el Alto, por citar algunas de las situaciones más problemáticas.
Ante la solicitad de llevar la tarifa a $15 pesos, el Observatorio consideró que «cuando en alguna empresa existe déficit en elementos económicos, humanos y de tiempo, se aplican estudios y propuestas de administración para subsanar las carencias, y no solo incrementar los costos de sus productos».
Apuntaron que la inflación y los problemas económicos no afectan a los concesionarios en exclusiva, sino a la ciudadanía en su conjunto.
Acciones como la reingeniería de las rutas, planes de mejora continua que incluyan compromisos precisos de tiempos de espera y viaje, evaluaciones continuas, así como las penalizaciones por el no cumplimiento favorecen la mejora del servicio para mostrar su compromiso de cumplimiento, práctica por lo demás cotidiana en cualquier empresa.
Recordaron el artículo 158 de la Ley de Transporte vigente que establece: «El Poder Ejecutivo del Estado… determinará y autorizará las tarifas del servicio público de transporte», para ello habrán «…los estudios técnicos atendiendo a las necesidades del usuario…».
Por lo anterior, «y en un acto de buena fe, transparencia invitamos a los concesionarios a hacer públicos los estudios que fundamentan su petición para que la ciudadanía, los centros de investigación locales y nacionales, así como las universidades y cualquier legítimo interesado, conozcan los análisis financieros que sustentan el incremento solicitado y, a partir de ello, evaluemos la salida más conveniente».
