La Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura local dio su visto bueno, aunque con reservas sobre su aplicación, a la reforma propuesta por el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada y corrupción interviniendo sus operaciones mediante la extinción de dominio.
De los tres legisladores que integran la Comisión, los panistas Tania Palacios Kuri y Antonio Zapata Guerrero, y el priista Hugo Cabrera Ruiz, estos dos últimos manifestaron su preocupación de que no termine siendo un arma represiva o para la cacería de opositores al actual régimen por parte de la actual administración federal.
El diputado Hugo Cabrera manifestó que su voto es favor, no obstante, externó su preocupación ante la posibilidad de que “pudiera corromperse” o de que “en aras del combate a la delincuencia y a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, se haga de esta figura un modelo de represión y de cacería de brujas para algunos, con el argumento o pretexto de que estuvieran involucrados en actividades ilícitas”.
Afirmó que estará muy pendiente de que no haya una extralimitación por parte del Ministerio Público y las autoridades correspondientes, en temas que son muy importantes para darle certidumbre a los mexicanos respecto al combate frontal y efectivo a la delincuencia organizada; posición que compartió el panista Antonio Zapata.
La reforma está contenida en el Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, para que el Ministerio Público -a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal- intervenga las estructuras financieras y económicas de los grupos delictivos, y obliga a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a prestar auxilio en el cumplimiento de esta función.
